Los objetivos de déficit asimétricos de 2013 han supuesto un cambio en las reglas de juego que puso sobre la mesa la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada hace sólo un año por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero no sólo eso. Los nuevos límites diseñados por Montoro suponen un castigo para autonomías como Madrid, que han ido desmarcándose todo este tiempo de la política fiscal de Hacienda, con reducciones selectivas de impuestos.
Así, y ante las quejas insistentes de la Comunidad por los agravios del Sistema de Financiación y los objetivos de déficit "a la carta", el Ministerio recomienda a Madrid que dé un giro a su política y recupere el Impuesto sobre el Patrimonio.
La región suprimió este tributo en 2008, más tarde, en 2009 lo eliminó en toda España el Ejecutivo de Zapatero que, al agravarse la crisis, volvió a recuperarlo para 2011 y 2012. Desde entonces, y pese a que otras regiones sí recurrieron de nuevo a él, para poder ajustar su déficit, Madrid se negó a recuperarlo.
Fuentes conocedoras de la negociación confirmaron a elEconomista que esa sugerencia se ha hecho de forma insistente durante las conversaciones previas al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado miércoles.
A la luz de las declaraciones que hizo ayer el presidente madrileño, Ignacio González, esa recomendación no será tomada en cuenta. Tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad, González remarcó que no va a pedir a los madrileños más esfuerzos, por lo que "ni va a hacer más recortes ", ni va a subir los impuestos.
Al mismo tiempo, recordó a Montoro que Madrid recibe 11.000 millones de euros, pese a que recauda 67.000 millones y que aporta el 75 por ciento al Fondo de Solidaridad con el que se financian los servicios básicos de otras autonomías.
Críticas a un modelo desigual
Por todo ello, la región ha renovado sus críticas a los topes "a la carta", al entender que vulneran la Ley de Estabilidad y premian a quienes no hicieron sus deberes a tiempo (González incidió en que la Comunidad ha reducido su presupuesto en 5.000 millones el último lustro, hasta los 17.000 millones).
A las críticas de Madrid se suman las de Canarias. Su consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz teme que el Gobierno no transfiera todos los ingresos previstos en los presupuestos, precisamente por la aprobación de los límites diferenciados y porque el Ejecutivo se comprometió a reducir en 1.000 millones las aportaciones a las autonomías. González Ortiz explicó que el 1,2 por ciento al que Canarias tendrá que ajustarse este año implica que tendrán un límite de déficit de 480 millones, frente a los 800 que solicitaban para compensar los 320 millones que recibirán de menos, a causa del modelo de financiación.
Asturias, otra de las autonomías que rechazaron el sistema de los asimétricos, ve "inaccesible" el nuevo tope que se les exige este año. Su consejera, Dolores Carcedo, consideró ayer injusto que se les obligue a mantener su desequilibrio en el 1,06 por ciento.
Cataluña gastará lo mismo
A su disconformidad con el tope recibido, Cataluña suma la firme decisión de su conseller, Andreu Mas-Colell, de mantener el gasto en 2014 al mismo nivel de 2013. En una entrevista a TV3, explicó que la Generalitat tendrá que hacer este año un ajuste en torno a los 2.000 millones para reducir su agujero del 1,96 al 1,58.
Calculó que ese recorte será de unos 1.200 millones el próximo ejercicio, cuando además Cataluña contará con otros 500 millones menos de ingresos. Mas-Colell recalcó que ven "inasumible" dejar de contar en 2014 con 1.700 millones en total y, por ello, aseguró que la Generalitat mantendrá el mismo nivel de gasto que este ejercicio.
Las vías para lograrlo serían dos, reclamar al Estado la deuda pendiente procedente de la Disposición Adicional Tercera del Estatut y la puesta en marcha en 2014 del nuevo modelo de financiación. Además reconoció que si la Generalitat fracasa en ese intento o no implementa "medidas extraordinarias de ingresos, no tenemos nada que hacer porque la alternativa de endeudarnos por nuestra cuenta no existe", añadió.
En medio de este debate, el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, apostó ayer por aplicar "criterios de empresa" para poder alcanzar los objetivos fijados, reduciendo el tamaño de la Administración.
Valencia, la mitad del ajuste
Su autonomía, partidaria de las asimetrías, tendrá que reducir en unos 1.900 millones de euros su déficit este año, cifra que supone casi la mitad del ajuste que deberán aplicar las 17 autonomías este año en relación al anterior, y que en total sumará unos 4.200 millones. Andalucía, que cerró con el tercer mayor déficit regional en 2012, tendrá que reducir su desfase en unos 650 millones y Murcia en unos 420.
Ignacio González se niega a subir impuestos
