El Gobierno catalán abordará este año el déficit del transporte público con el Estado

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Santi Vila, ha fijado como una prioridad para este segundo semestre abordar con el Ministerio de Fomento el déficit del transporte público en Cataluña, que acumula 500 millones de euros de deuda y no recibe aportaciones del Estado.

En rueda de prensa de balance de este primer semestre en la consejería, ha asegurado que el Govern actuará de manera ejemplar manteniendo la dotación presupuestaria para el transporte público, pero ha alertado de que "el sistema no es sostenible".

"Se debe abrir muy seriamente el diálogo, porque no nos podemos permitir un sistema con 500 millones de euros de deuda que acumula pérdidas cada año", ha afirmado Vila, quien ha reivindicado un tratamiento especial para el transporte público de Barcelona, petición que también mantienen las autoridades madrileñas para el suyo.

Ha remarcado que se deben tomar decisiones importantes en materia de transporte público y negociar con el Estado, porque de otro modo solo quedan dos opciones: "O atacamos la oferta para reducir el gasto, o atacamos la demanda para aumentar los ingresos".

Así lo ha afirmado en referencia a una hipotética variación del servicio ofertado --por ejemplo frecuencias-- por un lado, y a un aumento de las tarifas de los títulos de transporte, por otro, y ha reiterado que este segundo semestre se volcarán en hablar de inversiones con el Ministerio.

BALANCE DEL PRIMER SEMESTRE

"Hago una balance razonablemente positivo de hitos que no eran fáciles de conseguir, teniendo en cuenta que el contexto es de extrema dificultad", ha destacado sobre la labor de la consejería este primer semestre, y ha remarcado que los avances se han logrado dialogando con el Gobierno central, las administraciones locales, el tercer sector y las empresas.

Según ha remarcado, han evitado 1.606 desahucios con prestaciones urgentes, un 32% más que en el mismo periodo del año anterior, y han concedido 1.405 prestaciones urgentes para familias con cuotas impagadas de alquiler o amortización de la vivienda, a lo que se suman las 201 soluciones pactadas a través del servicio de mediación con entidades financieras Ofideute.

También se ha reforzado la línea de ayudas al alquiler, que ha beneficiado a 18.000 familias "en un año tan difícil", al tiempo que la Red de viviendas de inclusión social de entidades del Tercer Sector Social, con apoyo de la Agencia de la Vivienda de la Generalitat, ya aloja a 7.000 personas, y en el primer semestre se han incorporado a la red 82 nuevas viviendas.

La Mesa de emergencias ha adjudicado 173 pisos públicos de alquiler a familias en situaciones de urgencia, y se han aprobado 95 ayudas de hasta 3.000 euros anuales para familias desahuciadas.

En el plano social "hay resultados que acreditan que estamos al lado de la ciudadanía, como debe ser", ha afirmado Vila, quien ha expresado el deseo de que esta dimensión sea una prioridad a lo largo de toda la legislatura, a través de las políticas de vivienda y el transporte público.

En relación a la tasa para viviendas vacías en mano de bancos y promotoras, ha afirmado que "el trabajo conceptual se ha finalizado" , y ha confiado en que se incorpore en las medidas fiscales que impulsará el Govern durante el año.

En materia de infraestructuras y transporte, ha destacado, entre otros, el acuerdo para prohibir el tráfico de camiones por la N-II en Girona; la firma del contrato de servicios de Rodalies 2013-2015 con Renfe, y el endurecimiento de las condiciones para permisos de 'fracking': "El tema del fracking en Cataluña se puede dar por definitivamente resuelto".