
Difuminar el caso Bárcenas dentro de los "escándalos políticos" en general, centrar el discurso en la recuperación de la economía y anunciar una medida de impacto mediático y social, como podría ser la rebaja del IRPF. Esa es la estrategia que, en principio, barajan el presidente del Gobierno y su equipo de asesores de cara al debate de hoy ante el Pleno del Congreso para explicar las denuncias sobre la presunta financiación ilegal y los cobros en B en su partido.
La rebaja del Impuesto sobre la Renta ya para 2014, es una de las cartas que Mariano Rajoy tiene guardadas en la manga, y que podría sacar en el transcurso del debate, justificando el cambio en su actual política fiscal en el cambio de ciclo económico que anuncian la fuerte desaceleración en la contracción del PIB, la rebaja del paro que constataba la EPA del segundo trimestre, el superávit en la balanza exterior y la aparente reconducción del déficit público.
En concreto, fuentes próximas al Ejecutivo apuntan que esta posible rebaja del IRPF beneficiaría especialmente a las clases medias mediante una rebaja del tipo marginal mínimo (las bonificaciones personales y familiares) del 24 por ciento actual al 15 por ciento. Una fórmula que estaría dentro de las propuestas que ha presentado al ministro de Hacienda el grupo de expertos que, presidido por catedrático Manuel Lagares, le asesora en la reforma del sistema tributario que anunció el Ejecutivo para el año próximo.
Y, respecto al caso Bárcenas, motivo que ha obligado al presidente a solicitar su comparecencia ante la Cámara, no se esperan grandes revelaciones respecto de lo ya dicho. " Rajoy seguirá negando la mayor en las acusaciones de Bárcenas", comentan sus allegados, en referencia a la financiación y a los cobros irregulares.
El propio vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, avanzaba ayer que el presidente dará las explicaciones que "todo el mundo espera que dé" y relacionará "obligatoriamente" los últimos "escándalos" conocidos con la recuperación económica que, dijo, "es lo que más desean los españoles".
"Sería imperdonable que por líos políticos se estropeara la recuperación", insistió González Pons quien calificó de "atípica" la comparecencia de Rajoy, para hablar "de todos los temas que importan a los españoles", a los que "en primer lugar" interesa la economía y, en segundo, los "escándalos".
Se trata, en definitiva, de contentar a la ciudadanía ya que, en el PP saben que el presidente no va a conocer a la oposición.
¿Moción de censura?
De hecho, en el seno del PSOE, algunos de los llamados "barones", con el madrileño Tomás Gómez a la cabeza, están presionando a Alfredo Pérez Rubalcaba para que anuncie la moción de censura hoy mismo e, incluso, exija una comisión de investigación. Propuesta que, sin embargo, no convence al secretario general, que prefiere esperar a las explicaciones de Rajoy.
Precisamente el PSOE votó ayer en contra de la Ley de Transparencia que aprobó la Comisión Constitucional de la Cámara con los votos de PP, CiU y PNV.
En la comisión sólo se han aprobado 32 enmiendas, entre las que destaca la de CiU que otorga a la entidad a la que se solicita la información un plazo máximo de diez días -desde la notificación de la resolución- para proporcionar el acceso a los datos solicitados.
Con la nueva ley se publicarán los de bienes de los responsables políticos pero omitiendo los datos sobre la localización de sus inmuebles y el PP ha respaldado también como pedían CiU y PNV dejar claro que la competencia para instruir y sancionar a un alto cargo de la Administración local y autónoma debe ser de la correspondiente Administración y en ningún caso a la Administración General del Estado o del Ministerio de Hacienda, como recogía el texto inicial del Gobierno.