El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha cifrado hoy en unos 8.000 millones de euros hasta 2019 el ahorro que supondrá la denominada reforma local, que además incluirá beneficios financieros para aquellos municipios que opten por fusionarse. Así fue la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Así lo ha explicado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha dado el visto bueno al proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, en el que el Ejecutivo lleva trabajando más de un año y que ha suscitado el rechazo del PSOE y el resto de la oposición al considerar que supone un ataque al municipalismo y la privatización de los servicios públicos.
Montoro ha explicado que el proyecto de ley incluye el concepto de coste efectivo de los servicios, por el que todas las corporaciones locales deberán hacer público el coste de los servicios que prestan y "a partir de ello se tomarán decisiones de beneficio para el ciudadano de forma que se acumule la prestación de estos servicios en el órgano superior", que son las diputaciones provinciales.
Otra de las novedades que recoge el texto que este viernes ha recibido el visto bueno del Gobierno, según ha apuntado el ministro, es la inclusión de un procedimiento de "incentivo" a la fusión "voluntaria" de municipios, que recibirán "mayor apoyo financiero" del Ejecutivo para "evitar la dispersión administrativa que en ocasiones es muy costosa".
"Estamos delimitando y clarificando las competencias de las administraciones locales y las regionales", ha asegurado Montoro. "Esta ley responde a la necesidad de ordenar las actividades del sector público", ha añadido.
Se aprueba la ley de Cámaras
El Consejo de Ministros también ha aprobado hoy el Proyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, que permitirá la continuidad del sistema cameral en España, con un nuevo sistema de financiación basado en la prestación de servicios y las aportaciones voluntarias.
Además, se convierte el Consejo Superior de Cámaras en la Cámara de Comercio de España y se refuerza el papel de estos organismos en el proceso de internacionalización y el impulso de la competitividad de las empresas españolas en colaboración con el Estado y las comunidades autónomas.
Dos de las principales novedades que desarrollarán las Cámaras en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España serán el plan cameral de internacionalización y el nuevo plan cameral de competitividad.
Además, participarán con las administraciones competentes en la organización de la formación práctica en los centros de trabajo, incluida en las enseñanzas de la formación profesional, en especial en la selección y validación de centros de trabajo y empresas, en la designación y formación de tutores y en el control y evaluación del cumplimiento de la programación.
En atención al nuevo régimen de financiación, la ley permite a las Cámaras incentivar las contribuciones voluntarias pudiendo dar las CCAA, si así lo estiman conveniente, una mayor representatividad en los órganos de gobierno a las empresas que hayan realizado estas contribuciones voluntarias a las cámaras. En todo caso, como mínimo, la mitad más uno de los vocales de los plenos serán elegidos democráticamente a través de un proceso electoral basado en el sufragio universal mínimo que podrán ampliar las CCAA.
Con la nueva norma, las Cámaras estarán obligadas a hacer públicas las retribuciones de los altos cargos y a depositar sus cuentas anuales en los registros mercantiles correspondientes de su localidad. Además, se elimina la obligación de que haya una cámara por provincia, de forma que las CCAA podrán adecuar la demarcación territorial de sus cámaras territoriales a su realidad empresarial.
Asimismo, se fija un sistema de adscripción universal de todas las empresas en las cámaras, pero sin obligaciones económicas ni de otro tipo. Esta adscripción responde a la necesidad de que las Cámaras representen los intereses generales del comercio y no los de un determinado sector, asociación o colectivo de empresas y permitirá que todas las empresas tengan un acceso en condiciones de igualdad de oportunidades y de calidad y proximidad a los servicios de las Cámaras.
AAPP: Déficit conjunto del 1.19% del PIB
