El Ministerio de Economía trabaja a pasos acelerados para tener definidas las grandes líneas del nuevo modelo de financiación autonómica y local este mismo verano. Aunque no haya un acuerdo para cerrarlo en ese momento, la idea de los técnicos de Hacienda es, al menos, tener definidas las pautas principales y, con ello, cumplir aunque sea de forma parcial con la fecha límite de agosto de 2008 que el Estatuto de Cataluña marca para definir la nueva financiación.
En la última reunión del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, con el líder de la Generalitat, José Montilla, hace poco más de un año, no se establecieron plazos para cerrar el modelo, a la vista de que quedaba por delante la celebración de las elecciones municipales. Pero el Ejecutivo catalán nunca ha querido dar su brazo a torcer y exige en todas las reuniones que se respete agosto de este año para tener las pautas del nuevo modelo.
Cesión de fondos
La cuestión se complica con la promesa de Zapatero de que la negociación con las autonomías debe hacerse al mismo tiempo con los ayuntamientos, que se consideran los grandes perjudicados del actual reparto de fondos públicos entre administraciones territoriales.
Pero la continuidad de los altos cargos en el Ministerio que dirige Pedro Solbes ha permitido mantener los trabajos técnicos a buen ritmo, con la idea de que los plazos para llegar a un acuerdo final sean los más cortos posible. No obstante, en Economía saben que ese reparto de más dinero y más poder normativo para comunidades autónomas y ayuntamientos, dependerá de la predisposición a llegar a un acuerdo que todas las partes muestren.
Lo más complicado será convencer a las autonomías de que deben ceder parte de sus ingresos a los ayuntamientos, para poner en marcha servicios en materia de seguridad y asistencia social, algo que se plantea ya desde el Gobierno.
Alternativas
En las corporaciones locales se estima que el coste de las competencias impropias que atienden asciende a unos 6.000 millones de euros, y exigen compensaciones. El Gobierno ya reconoció ante la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la existencia de costes externos en los ayuntamientos, pero por si acaso, éstos ya propusieron en noviembre del año pasado un modelo en el que planteaban la posibilidad de aplicar un recargo voluntario del 5 por ciento en el IRPF, resucitar el Impuesto de Actividades Económicas y más competencia para elevar el IBI y las plusvalías locales.
Como alternativa ante el más que previsible enfrentamiento entre autonomías y ayuntamientos, la parte socialista se ha planteado crear un nuevo fondo de Participación en los Ingresos de las Comunidades Autónomas (PICAS), del que los municipios podrían detraer fondos para pagar los servicios que presten, siempre de forma justificada y sin que se produzcan duplicidades con otras prestaciones que ya realizan las autonomías.
