El Gobierno francés creará un fondo de resolución de entidades dotado con al menos 10.000 millones de euros de aquí a 2020, que será "íntegramente financiado por el sector bancario y financiero", según anunció el ministro galo de Economía y Finanzas, Pierre Moscovici, en un comunicado.
PARÍS, 19 (EUROPA PRESS)
El Gobierno francés creará un fondo de resolución de entidades dotado con al menos 10.000 millones de euros de aquí a 2020, que será "íntegramente financiado por el sector bancario y financiero", según anunció el ministro galo de Economía y Finanzas, Pierre Moscovici, en un comunicado.
Esta es una de las 100 medidas incluidas en el proyecto de ley de separación y regulación de las actividades bancarias que adoptó definitivamente este jueves el Parlamento francés tras el voto final del Senado. "El objetivo de esta ley es proteger a los depositantes, limitar la especulación y que los bancos vuelvan a centrarse en financiar a la economía real", subraya el Ministerio.
La nueva normativa prevé la separación de las operaciones especulativas de la banca de sus actividades "útiles para la economía real". En concreto, impone a los bancos nuevas obligaciones para luchar contra la especulación y da a las autoridades de supervisión nuevos poderes para controlar de forma eficaz las operaciones en los mercados financieros y limitar el tamaño de las actividades de los bancos.
La ley impone que los accionistas y los acreedores sean los primeros en asumir las pérdidas de la banca, lo que permitirá a partir de ahora evitar en la medida de lo posible una intervención con fondos públicos. "Además pone fin a la socialización sistemática de las pérdidas al garantizar que los accionistas y los acreedores son los primeros en contribuir a la resolución de crisis", insiste.
Por otra parte, la reforma bancaria reforzará los poderes de la autoridad de control prudencial y resolución, que, por ejemplo, podrá controlar en mayor medida la gobernanza de los bancos, la adquisición de fiscales o nuevas actividades en el extranjero.
Asimismo, la ley prevé la creación de una autoridad que prevenga y gestione las crisis bancarias, que será dotada de grandes poderes de intervención en caso de crisis para destituir a sus directivos o transferir parte o la totalidad de sus actividades y activos. Además, pone en marcha el Alto Consejo de la Estabilidad Financiera para vigilar los posibles riesgos sistémicos y burbujas especulativas.
En esta línea, también refuerza la lucha contra los paraísos fiscales y el blanqueo de capitales instaurando para los bancos y las grandes empresas una obligación de transparencia en sus actividades "país por país" y permitiendo el intercambio automático de información en materia fiscal.
Por último, la ley también establece "un gran número de medidas" destinadas a mejorar la transparencia, reforzar la competencia y dar una mejor protección a los clientes de los bancos.
