El Congreso aprueba la ley de la cadena alimentaria en medio de críticas por la falta de diálogo del Gobierno

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados ha dado 'luz verde' definitivamente al proyecto de Ley de para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en medio de las críticas de la oposición a la supuesta falta de voluntad de diálogo del Gobierno.

Durante la sesión, en la que no estaba previsto que interviniera el ministro de Agricultura, Miguel Aria Cañete, éste ha tomado la palabra para responder a los reproches de la oposición, especialmente a los procedentes de la bancada socialista.

Concretamente, el portavoz del PSOE, Alejandro Alonso, le ha echado en cara que el Gobierno haya rechazado durante la tramitación de la norma "todas las ofertas de colaboración" de los grupos parlamentarios, por lo que ha asegurado que la Ley se ha aprobado "sin consenso político".

En respuesta, Arias Cañete le ha reprochado que el anterior Gobierno socialista "no hizo nada por la cadena alimentaria", y ha enfatizado que, por el contrario, la Ley que hoy se aprueba es "la más avanzada de la UE". "Es la primera vez que se regula este tema, aunque se pueda mejorar", ha añadido, para apostillar: "Hemos llegado al máximo que Competencia de la UE admite".

Por parte del resto de los grupos parlamentarios, el portavoz de CiU, Marc Solsona, ha acusado al Gobierno de "indiferencia" hacia las propuestas de las diferentes fuerzas políticas y de "falta de diálogo". "Esta norma no puede pasar por el Congreso con un debate exprés", ha dicho.

En el caso de UPyD, el diputado Toni Cantó ha considerado "positiva" la Ley, pero la considera "tímida e insuficiente", mientras que por el Grupo Mixto, Olaia Fernández, ha lamentado que no se haya aprovechado para dar solución al problema que supone para el sector agrario el vender a precios más bajos que los costes de producción.

POR UNA MEJOR CADENA ALIMENTARIA.

En cuanto al contenido de la Ley, se persigue mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario.

Según sostiene el Gobierno, estas medidas reducirán el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa.

Para ello, la ley se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena, desde la producción hasta la distribución de alimentos o productos alimenticios.

Así, la ley regula los contratos alimentarios y las prácticas comerciales abusivas. En relación con el régimen de contratación, la principal novedad radica en la obligatoriedad de formalizar por escrito los contratos alimentarios que se suscriban entre los operadores de la cadena.

En cuanto a las prácticas comerciales abusivas, la Ley prohíbe las modificaciones de las condiciones contractuales, salvo que se realicen de mutuo acuerdo. Para ello, los contratos deberán contener las cláusulas en las que se prevea el procedimiento para su posible modificación.

Por otra parte, la norma asienta la autorregulación de las relaciones comerciales mediante un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, que está elaborando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente junto a las organizaciones y asociaciones representativas de la producción, la industria y la distribución.

Dicho Código, que será de adhesión voluntaria, cuenta también con la participación del Ministerio de Economía y Competitividad y de las comunidades autónomas, con el objetivo de promover un código de aplicación uniforme en todo el territorio nacional. Para ello, se va a establecer un Registro Estatal, que agruparía a todos los operadores de la cadena que se adscriban a este código.

Asimismo, se crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que asumirá las funciones del Observatorio de Precios de los Alimentos y, además, informará de la propuesta de Código y realizará su seguimiento; tratará de fomentar las buenas prácticas y sistemas ágiles de resolución de conflictos; y analizará la estructura básica de los costes y de precios percibidos y pagados, así como las causas.

Por último, la norma establece un control administrativo para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la ley. En este sentido, se crea la Agencia de Información y Control Alimentarios, a partir de la actual Agencia para el Aceite de Oliva.

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky