Soria dice que la suya es la reforma que ningún gobierno "ha sabido o podido llevar a cabo"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado que la reforma energética presentada el viernes incluye medidas "necesarias e imprescindibles", y supone la revisión del sistema eléctrico que "hasta ahora ningún Gobierno ha podido o querido llevar a cabo".

Durante el debate de convalidación en el Congreso del real decreto ley 9/2013 de estabilidad financiera del sistema eléctrico, Soria consideró que no ha sido "en absoluto fácil" adoptar las nuevas medidas, a la vista de que "necesariamente" generarán "tanta incomodidad a sectores que tradicionalmente han mostrado una singular capacidad de persuasión en relación a los distintos gobiernos".

El real decreto ley, publicado el sábado en el BOE, incluye el nuevo mecanismo de retribución para las renovables, el transporte y la distribución, y habilita al Gobierno a aprobar una nueva orden ministerial de peajes para cuadrar las cuentas del sistema eléctrico en 2013.

Soria señaló que, de no adoptarse el real decreto ley, "simplemente el sistema no aguanta, y tiene que aguantar, porque lo que no puede ocurrir es que se vaya la luz". Ante esta circunstancia, dice haber buscado "el interés general" frente a "intereses particulares, normalmente contradictorios unos con otros".

La reforma, que pretende resolver el déficit de tarifa "de forma definitiva", pretende atajar el aumento de los costes regulados de los últimos años y los errores de previsión. En 2005 se preveía un incremento del 24% de la demanda hasta 2013, cuando apenas ha habido subidas en términos absolutos, lo que ha conducido a un exceso de infraestructuras.

Al repasar los costes del recibo, indicó que de los 360 euros al año que pagaba el consumidor medio en 2003, 60 euros corresponden a las renovables, mientras que en 2013 el recibo medio se sitúa en 588 euros, de los que 253 euros van a las tecnologías 'verdes'.

Soria insistió en que solo tres países europeos, que son Italia, Irlanda y Chipre, tienen precios superiores de la electricidad a los de España. La reforma ha intentado resolver el déficit de tarifa, que aumentaba a un ritmo estrcutual de 4.500 millones al año, sin que los consumidores asuman todo el coste, explicó.

La nueva normativa incluirá un mecanismo de estabilización automática de peajes que evitará los desfases entre ingresos y gastos, así como la obligación de que las comunidades autónomas y corporaciones locales deban repercutir sobre los ciudadanos de su territorio los sobrecostes que generen sobre el sistema eléctrico.

APROBACIÓN SIN ANÁLISIS.

Los grupos de la oposición coincidieron en denunciar que el Gobierno haya aprobado mediante real decreto ley la primera parte de la reforma energética, sin consultarlo con el Congreso, al que solo se ha dado dos días para analizar el texto ya publicado en el BOE con vistas a su convalidación en la Cámara.

El diputado del PSOE José Segura solicitó la tramitación de la norma como proyecto de ley y consideró que la nueva norma contribuirá al "hundimiento de las renovables", al tiempo que hará imposible el desarrollo del autoconsumo. Además, mostró su preocupación con el bono social y con los precios eléctricos para la industria.

Por parte del PNV, Pedro Azpiazu aseguró que, con el nuevo real decreto ley, "se rompe cualquier atisbo de seguridad jurídica" y se obliga a los consumidores y a las empresas a "asumir costes excesivos". "Es un mal momento para el efecto que va a tener sobre las cuentas de resultados y el empleo", señaló.

Carlos Martínez Goarrigán, de UPyD, aseguró que la tramitación del real decreto ley "ignora una de las bases fundamentales de la democracia parlamentaria, que es la deliberación y el debate". Además del efecto sobre los consumidores, advirtió del coste de la solución al déficit de tarifa sobre las cuentas públicas.

IU, BNG Y ERC.

Para la diputada de Izquierda Plural Laia Ortiz, la reforma aprobada no es la única alternativa posible, sino "la única conforme a su dogma, ideología y acuerdos con Hacienda". Para Ortiz, el Gobierno recurre a prácticas "autoritarias" al debatir la norma apenas dos días después de haberla remitido al Parlamento.

Por parte del BNG, la diputada Rosana Pérez aprovechó para pedir una tarifa eléctrica con menores costes para los consumidores que, como los gallegos, se encuentren en territorios productores de electricidad. Estos consumidores se encuentran cerca de las centrales y no deben asumir, por ello, el sobrecoste relacionado con las pérdidas por transpote.

La diputada de ERC Teresa Jordà pidió una auditoría pública de costes y calificó de "absolutamente ilegítima" la deuda eléctrica. "La barbaridad de dinero que debemos a las eléctricas se corresponde con la barbaridad de dinero que estas compañías acumulan como beneficio cada año", dijo.

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