Santiago de Compostela, 17 jul (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha comunicado hoy que contactó con el ministro de Industria, José Manuel Soria, para la interposición de un recurso contra el "insensible" dictamen del Colegio de Comisarios sobre el sector naval que se ha conocido esta mañana.
En declaraciones a los medios, el mandatario gallego ha tildado de "cuestionable" desde el punto de vista jurídico, "poco responsable" a nivel económico e "insensible" en el terreno social la resolución del expediente abierto al anterior régimen español de bonificaciones fiscales de la construcción naval, el conocido como tax-lease, que obliga al reintegro de las ayudas entre 2007 y 2011.
Por ello, ha dicho que el camino ahora debe pasar por "abrir vías judiciales" con un recurso por parte del Gobierno central ante el Tribunal de Estrasburgo que lleve aparejada una demanda en la que se solicite la suspensión cautelar de los efectos económicos de esta determinación en lo que atañe a "las devoluciones que se les solicitan" a las agrupaciones de interés económico y sus inversores.
Núñez Feijóo ha tildado la postura de la CE expresada este miércoles de "desproporcionada y discriminatoria", aparte de que sienta un agravio comparativo, porque a España "se le pide que pague con efectos retroactivos" mientras que Francia "no tuvo un solo euro de devolución en este sentido".
El jefe del Ejecutivo gallego ha hecho especial hincapié en el hecho de que si este veredicto "parece cuestionable desde el punto de vista jurídico" es, entre otras razones, porque se ha constatado que "la decisión se fue cambiando a medida que transcurrían los días y las semanas".
Así, inicialmente no tenían que pagar los astilleros, pero sí armadores e inversores; y ahora, no tienen que pagar astilleros ni armadores, pero sí inversores. También en un principio la cantidad a abonar era desde 2002, después desde 2005 y ahora a partir de 2007.
¿Esto que demuestra? Que desde el minuto uno la decisión "no era sólida en sus argumentos", ha apuntado Feijóo, y la misma ha ido "cambiando paulatinamente" en función de la actuación conjunta de comunidades autónomas, partidos políticos, organizaciones sindicales y los propios astilleros.
Feijóo ha asegurado que la determinación adoptada es irresponsable económicamente porque "aquí tenemos más problemas de los que han tenido otros países denunciados" como consecuencia de las distintas ayudas fiscales, además de un porcentaje elevado de paro, con lo cual además es "insensible socialmente".
En todo caso, ha adelantado que "no nos vamos a dar por vencidos" y se continuará trabajando para garantizar el futuro del sector naval.
En este sentido, ha avanzado que en los próximos días se trabajará con Hacienda y con la Agencia Tributaria, además de con los agentes implicados, para "ver cómo encontramos una solución, la menos mala, para que impacte lo menor posible" en el futuro del sector naval.
El objetivo es minimizar los daños. Hace solo quince días, ha precisado Feijóo, el escenario era de "cierre seguro de todos los astilleros" y hoy "tenemos daños, y tenemos que revertir los daños producidos por esa resolución con recursos, con una hoja de ruta para definir el impacto en el sector naval, principalmente en los inversores".
La meta es que "en España, y en Galicia", se puedan construir barcos "a pesar de las dificultades" y de una resolución "que produce daños".
Feijóo ha confesado no disponer de datos sobre el importe a devolver, que, para el periodo inicial contemplado para la recuperación de las ayudas -de 2005 a 2011- era de entre 2.000 y casi 3.000 millones de euros, según los cálculos de España.
Desde 2007, ha asegurado, lógicamente "es menor" y el camino pasa porque "la devolución sea la menor posible en el contexto de la resolución" del Colegio de Comisarios. "No creo que sea prudente concretar", ha subrayado.
Si el Tribunal de Estrasburgo acepta la suspensión cautelar, ha precisado, sería un alivio "durante bastante tiempo", y existen argumentos jurídicos suficientes para poder ganar ese pleito, ha remarcado Núñez Feijóo, y ha apelado a los principios de discriminación positiva, proporcionalidad y seguridad jurídica.
Solamente en Galicia ya son 14.000 los empleos que dependen del naval.
