Asgeco pide que se prohíban y eviten los abusos de los micro préstamos

Madrid, 17 jul (EFE).- La Asociación General de Consumidores, (Asgeco Confederación) ha instado hoy a las autoridades competentes a que intervengan de forma inmediata para que prohíban y eviten los "abusos" de las entidades que comercializan micro préstamos de pequeño importe y corta duración.

En los últimos tiempos, según la asociación, han proliferado entidades privadas de micro préstamos que ofrecen dinero en cantidades que oscilan entre 50 y 500 euros, a devolver en un plazo que oscila entre los 7 y los 30 días -en algunos casos 45-, a través de un procedimiento rápido, fácil y sin explicaciones.

Sin embargo, estas entidades no están supervisadas ni por el Banco de España ni por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con lo que su situación, para Asgeco, es "alegal".

Por ello, exige una intervención "inmediata" de los poderes públicos, de acuerdo con la directiva europea de consumo, que obliga a todos los países miembros a tomar las medidas oportunas para que no se produzcan "estos abusos, cuando no estafas, que perjudican notablemente al segmento más pobre de la población".

Para la asociación, "estas empresas de desaprensivos juegan con la necesidad de las personas ofreciendo unos préstamos que superan el 2.000 % TAE pudiendo llegar hasta el 14.000 % T.A.E., disimulando de 'honorarios' lo que son simplemente unos intereses de usura".

"Se amparan -argumentan los consumidores- en el 'libre mercado', lo que no deja de ser una vulneración de todas las leyes que afectan a los consumidores, por mucho contrato que se firme. Además la publicidad de estas empresas es engañosa, ya que en ella afirman que no tienen ni intereses ni comisiones, cuestión totalmente falsa".

Ante esta situación, la asociación desaconseja suscribir cualquier tipo de contrato con estas entidades, ya que en caso de impago las complicaciones pueden ser "tremendas", como "llamadas telefónicas a todas horas, amenazas y coacciones"

Asgeco asegura que esta denunciando a estas empresas ante el Instituto Nacional de Consumo con el fin de que las autoridades competentes realicen las investigaciones y trámites oportunos para evitar estas prácticas.