El tercer plan de pagos a proveedores municipales y autonómicos aprobado por el Gobierno ha dejado helados a los grandes proveedores privados, que deberán esperar al menos hasta 2014 para cobrar las facturas que les adeudan las Administraciones Públicas.
La dotación de fondos del nuevo plan no alcanza ni para cubrir este año la mitad de las facturas pendientes en su primera fase de ejecución y deja, además, a la cola de la fila para cobrar a las empresas de construcción, contratas, prestadores de servicios o proveedores sanitarios, precisamente las que más impagos soportan de las Administraciones.
19.000 millones sin pagar
La memoria de impacto normativo del decreto ley de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas recoge una estimación de deuda pendiente de pago hasta el 31 de mayo de 19.350 millones de euros, de los que 15.324 corresponderían a las comunidades autónomas y 4.017 a las entidades locales.
Aunque esta cantidad puede variar, según la relación de facturas que presenten las Administraciones antes del próximo 19 de julio, el primer tramo de pagos previsto sólo saldará 8.200 millones de euros de este montante, según la primera cifra avanzada por las comunidades autónomas. Los primeros en cobrar serán además los ayuntamientos, los entes públicos o el llamado Tercer Sector, para el que hay previsto un pago de 3.000 millones de euros.
La liquidación de facturas en esta primera fase no se efectuará hasta final de año, según admiten fuentes oficiales del propio Ministerio de Hacienda, por lo que el resto de pagos pendientes se acometerá ya en 2014, un plazo excesivo para muchas empresas obligadas a financiar impagos millonarios del sector público en un contexto de reducción del gasto.
La fórmula ideada por el ministro Cristóbal Montoro limita, en efecto, los pagos de las facturas autonómicas en una primera fase a los conciertos suscritos en sanidad, educación y servicios sociales, además de los convenios de colaboración, transferencias a asociaciones e instituciones sin fines de lucro, institutos tecnológicos o proveedores de universidades, entre otros.
Los ayuntamientos y regiones tienen de plazo hasta el próximo 19 de julio para presentar su relación de facturas. Los proveedores tendrán entonces desde el 25 de julio hasta el 6 de septiembre para consultar las facturas y solicitar, en su caso, certificaciones individuales de reconocimiento de obligaciones pendientes de pago. No será hasta el 20 de septiembre, cuando se conozca la relación completa certificada de las facturas que cumplen los requisitos del Real decreto-ley y han sido aceptadas por los proveedores . La orden de los pagos definitivos se podría demorar varios meses todavía si se tiene en cuenta la experiencia del primer plan de pagos, que liquidó deudas por valor de 28.460 millones de euros.
Duro golpe
Las patronales de los sectores afectados no disimulan su malestar aunque, de momento, prefieren esperar a conocer el detalle de un plan de pagos antes de valorar públicamente el nuevo mecanismo. Y es que la decisión del Ejecutivo de dar preferencia de cobro a las Administraciones Públicas y de fijar un primer importe de pagos tan bajo ha supuesto un duro golpe en las aspiraciones de estas empresas, que han visto durante los últimos meses cómo aumentaba su pasivo conforme las Administraciones paralizaban los pagos y les remitían al nuevo plan.
Las comunidades autónomas han ganado así tiempo con el beneplácito de Hacienda y han vuelto a presentar una nueva montaña de facturas pendientes de pago. La deuda de la Comunidad Valencia con los proveedores alcanza los 3.812,82 millones de euros, mientras que Andalucía ha presentado facturas por un valor de 2.529,71 millones y Cataluña de 2.257,25 millones, entre las regiones más endeudadas.
Uno de los sectores más castigados por la morosidad de las Administraciones es el sanitario, que acumula impagos por encima de los 7.000 millones de euros y que tendrá que ponerse al final de la fila para cobrar. Farmaindustria cifra en 3.530 millones de euros la deuda contable de medicamentos hospitalarios a finales de marzo, con 266 días de plazo medio de cobro, mientras que las empresas de tecnología sanitaria elevan su deuda a 2.550 millones en febrero, con un plazo medio de pago de 278 días.
El plan de Montoro sí servirá, en cambio, para saldar la deuda de las farmacias, que se aproxima a los 900 millones de euros, gracias a la inclusión de los conciertos sanitarios en la primera fase del plan.
Proveedores: El Gobierno prepara el tercer plan de pago
