Carga contra Alaya y la acusa de construir un auto "defectuoso" y de actuar de forma "anómala"
La Junta de Andalucía ha reaccionado al auto de la juez del caso ERE, Mercedes Alaya, que ha removido los cimientos del Gobierno regional tras imputar a 20 altos y exaltos cargos de la última década, entre ellos la exconsejera de Hacienda y exministra de Fomento, Magdalena Álvarez. Los servicios jurídicos del Gobierno, que está a la vez personado como acusación en este caso, han interpuesto un recurso ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el que argumentan su posición por dos motivos.
Primero, por la "defectuosa construcción" del auto -según recoge el comunicado de la Junta enviado ayer- derivada de su "evidente falta de motivación". Ello podría derivar, según la interpretación de la Junta, en que las defensas de esos imputados podrían, en el momento en que se llegue a juicio oral, pedir la nulidad de la instrucción.
Hechos inconcretos
"Ese momento ya será tardío", según la Junta, "porque la anulación de la instrucción como consecuencia de una anómala actuación del juez instructor respecto a los derechos fundamentales de los imputados evitaría la reparación completa del daño producido a los intereses públicos, objetivo esencial de la personación de la Junta".
El recurso abunda en que los "escasos e inconcretos hechos que se relatan en el auto [...] no suponen ninguna infracción legal. "No cabe una imputación penal de los cargos públicos por la elaboración de la Ley del Presupuesto o por su recta ejecución fundamentada en el desacuerdo personal con el contenido de la citada norma", señala la Junta, que emplea en el comunicado un duro lenguaje contra Alaya.
El segundo argumento principal del Ejecutivo que preside José Antonio Griñán es que el auto "pone en entredicho la Ley de Presupuestos y un juzgado de Instrucción carece de facultad sobre este asunto". La Junta cree que la juez debería de haber planteado un recurso de inconstitucionalidad contra esos presupuestos, como entiende que marca el ordenamiento jurídico, en lugar de cuestionarlos y avanzar en la instrucción sobre esa base.
Alaya consideraba en el auto que la figura de la transferencia de financiación, usada por la consejería de Empleo para enviar dinero a la agencia Idea y que ésta abonara los ERE y las ayudas a empresas y ayuntamientos, es la fuente de la opacidad que ha permitido un fraude de al menos 140 millones. La juez imputa a quienes crearon esa figura -la exconsejera Álvarez en 2003 y su entonces viceconsejero, José Salgueiro- y a quienes la aplicaron en los presupuestos y la utilizaron para pagar -exdirectores de Presupuestos y exdirectores de la agencia Idea.
El PP anunció ayer por su parte que va a solicitar a la juez que expulse a la Junta como parte acusadora debido a la presentación de este recurso. "No se puede ser acusación y defensa a la vez", criticó Alicia Martínez, dirigente del PP-A, que añadió que este recurso derivado de las 20 imputaciones, cuando ya había otros 73 imputados entre los que hay exaltos cargos como un exconsejero de Empleo, muestra que para la Junta "hay imputados de primera y segunda clase".
La propia Junta señaló ayer en su comunicado que tiene un doble papel en el caso: el de acusación y víctima del fraude, que explica la presentación del recurso.
