La aplicación de la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización restará unos 3.000 millones de euros de ingresos a las arcas públicas entre este año y el próximo, y otros 1.225 millones más al año a partir del año 2015.
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Así consta en la memoria de impacto normativo del proyecto de ley, que el Gobierno ya ha remitido al Congreso para su tramitación este verano. El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, tiene como objetivo crear un marco "más favorable" para el emprendimiento con reformas en diferentes ámbitos que inciden en la creación de una empresa, tanto desde el punto de vista educativo como desde la financiación o las trabas burocráticas.
Para alcanzar estos objetivos, el Gobierno ha creado nuevos incentivos fiscales al emprendimiento que afectan tanto al Impuesto de Sociedades como al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En materia de IVA, se regula el devengo del gravamen con criterio de caja, que entrará en vigor el próximo 1 de enero.
Esta modificación permitirá que 1,3 millones de empresarios y autónomos y un millón de pymes no tengan que pagar el IVA a Hacienda hasta haber cobrado la factura, lo que tendrá un impacto en la recaudación de 983 millones de euros, de los cuales 481,7 millones se reducirán en las arcas estatales, 491,5 millones en las autonómicas y 9,8 millones en las locales.
En cualquier caso, este efecto "se producirá exclusivamente en 2014 por el retraso en la liquidación de las cuotas hasta el momento del cobro de las facturas, de manera que en los siguientes años su efecto prácticamente será despreciable", asegura el Ejecutivo, que reconoce no poder estimar el coste financiero de la medida ya que dependerá del tiempo medio de demora en las liquidaciones y del tipo medio de interés.
OTRAS DEDUCCIONES
En cuanto al Impuesto de Sociedades, se crean nuevas deducciones por la inversión de beneficios por parte de empresas de reducida dimensión para el mantenimiento o creación de empleo, o para reinvertir en nuevo inmovilizado material o en inmuebles. El Gobierno estima que los 185.000 beneficiarios de la medida provocarán una reducción de los ingresos públicos de 547 millones anuales.
Además, las deducciones por actividades de investigación y desarrollo que podrán aplicar unas 4.000 entidades mermarán la recaudación en 427 millones anuales a partir de 2014, mientras que la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles costarán 168 millones de euros anuales en beneficio de 2.450 empresarios.
Con relación al IRPF se han adoptado dos medidas: posibilitar las deducciones por inversión en empresas de nueva o reciente creación, a lo que se acogerán aproximadamente un millar de contribuyentes reduciendo en 6 millones de euros anuales los ingresos públicos; y autorizar las deducciones por inversión de beneficios de modo similar a como se permite en el Impuesto de Sociedades, lo que podrían hacer unos 200.000 contribuyentes con un coste público de 77 millones anuales.
"La aplicación de las nuevas deducciones por inversión de beneficios y por inversión en empresas de nueva o reciente creación conllevarán ciertas cargas administrativas que resultan difíciles de estimar pero que, en cualquier caso, se considera que, en principio, no serán de magnitudes apreciables", precisa el documento.
En total, los costes recaudatorios totales en términos de criterio de caja serán de 1.781 millones de euros en 2014y de 1.225 millones anuales a partir de 2015. No obstante, si se usan criterios de devengo (es decir, cuándo se produce la obligación) el coste se estima en 798 millones para este ejercicio, 2.208 millones para 2014 y 1.225 millones de euros anuales a partir del año siguiente.
COSTE PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
No obstante, además del impacto en los ingresos públicos, las medidas previstas por el Ejecutivo en este proyecto de ley también afectarán a la Seguridad Social, al haberse reducido las cotizaciones de los trabajadores en régimen de pluriactividad, es decir, los que desempeñan un trabajo por cuenta ajena pero también cotizan a tiempo parcial como autónomos, pagando una doble cotización.
A partir de la entrada en vigor de esta norma los contribuyentes que causen alta por primera vez en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) iniciando una situación de pluriactividad podrán elegir una base de cotización comprendida entre el 50% de la base mínima los 18 primeros meses y el 75% de la base mínima los 18 meses siguientes, hasta la base máxima establecida. Así cada emprendedor se ahorrará unos 1.350 euros de media al año.
Esto provocará que durante los primeros tres años de aplicación de la norma la caja de la Seguridad Social pierda 77 millones de euros --15 millones en 2014, 27 millones en 2015 y 35 millones en 2016--, aunque el Gobierno cree que el impacto en las prestaciones será reducido.
MENOS CARGAS ADMINISTRATIVAS
La otra cara de la moneda de este proyecto de ley son los ahorros que conseguirán los emprendedores por la reducción de cargas administrativas, que el Gobierno estima en unos 68,1 millones de euros anuales a partir del tercer ejercicio de aplicación de la normativa, cuando "se entiende que las medidas de simplificación telemática alcanzan una implantación plena".
Así, la unificación de todos los trámites por inicio, ejercicio y cese de actividad en un único Punto de Atención al Emprendedor permitirá un ahorro anual de 16,28 millones de euros gracias a la eliminación de trámites como la entrega por duplicado a ayuntamientos y comunidades de datos (3,52 millones) o de la escritura de constitución (978.000 euros), o la facilitación de acceso a toda la información relevante (11,77 millones).
Además, la reducción en los tiempos de constitución de las nuevas sociedades de responsabilidad limitada aportará un ahorro anual de 1,56 millones de euros, además de rebajar los plazos de espera entre un 16 y un 50% según el capital inicial de la empresa. Por su parte, la eliminación de licencias municipales de actividad, funcionamiento y obras menores podría conllevar un ahorro de hasta 19,4 millones si todos los negocios que cumplen los requisitos se acogieran a la opción de tramitación telemática.
El Gobierno ha optado asimismo por eliminar cargas estadísticas que sufrían las empresas de hasta 50 trabajadores aliviará sus costes por un valor estimado de 1,56 millones de euros, mientras que la ampliación del número de empresas que no están obligadas a mantener un libro de visitas (más de 1,38 millones) conllevará un gasto menor en 27,68 millones de euros.
En el mismo sentido, la reducción y simplificación de las cargas contables a las que se podrán acoger unos 3.745 negocios supondrán 1,65 millones de euros de ahorro; y la elevación de los umbrales para poder asumir personalmente las tareas de prevención de riesgos laborales beneficiará a unos 60.400 centros de trabajo y les ahorrará unos 700 euros al año.
MEDIDAS SIN CUANTIFICACIÓN
A todas estas cifras cabría añadir también el ahorro que conllevará el nuevo régimen de visados y autorizaciones de residencia con menos cargas administrativas para emprendedores, inversores, empresas y personal investigador, cuyo efecto no se puede calcular pero que se sumará a los beneficios ya enunciados, según el Gobierno.
Lo mismo sucede, por ejemplo, con el efecto que tendrá la creación del nuevo subtipo societario de Sociedades Limitadas de Formación Sucesiva, que al no requerir de un capital mínimo ahorrará 3.000 euros en el momento de la constitución al emprendedor pero que no se puede cuantificar cuántas nuevas empresas permitirá crear; o la introducción de la posibilidad de que los estudiantes creen 'miniempresas' como herramientas pedagógicas sin necesidad de incurrir en los riesgos y complejidades ordinarias.
