No pudo ser. España no podrá beneficiarse de las nuevas reglas de contabilidad del déficit público. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, aseguró ayer que permitirá cierta desviación en la senda de reducción del déficit, pero sólo a los países que se sitúen por debajo del 3% y para aquellas inversiones debidas a la cofinanciación europea de proyectos con efectos "positivos y verificables".
"Cuando examinemos los presupuestos nacionales para 2014 y los resultados presupuestarios para 2013 consideraremos permitir desviaciones temporales de la senda estructural", dijo Barroso. Sólo se aceptarán los desajustes causados por un gasto público invertido en proyectos cofinanciados por la Unión Europea.
Siguen el pacto de Estabilidad
Durao Barroso señaló desde Estrasburgo que esta mayor flexibilidad se mantendrá dentro de las líneas marcadas por el pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo. "Se darán cabida a programas de inversión pública de carácter no recurrente con un impacto probado en la sostenibilidad de las finanzas públicas de los Estados miembros, en el marco de los planes de estabilidad y convergencia que deben adoptar los países", manifestó.
En esta situación, el primer ministro italiano, Mario Monti, habría logrado su objetivo, pero no Mariano Rajoy, puesto que España quedaría excluida de tal posibilidad para 2013 y 2014. Dado que España tuvo un déficit del 7 por ciento en 2012 y prevé un 6,5 por ciento este año, no cumple los criterios y, por lo tanto, el gasto para cofinanciar la lucha contra el paro juvenil será imputada íntegramente como déficit.
El portavoz económico, Simon O'Connor, planteó que estas cláusulas se incorporaran únicamente en "el brazo preventivo" del Pacto de Estabilidad, por lo que tan sólo se contemplarán con los Estados miembros que no estén en procedimiento por déficit excesivo.
"En ningún caso esta flexibilidad permite superar el límite del 3 por ciento", advirtió O'Connor, para añadir que no se trata tampoco de poner en peligro el respeto a la regla de la deuda, que entrará en vigor en el marco del Six pack, que refuerza el control comunitario sobre las cuentas públicas.
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