A la segunda fue la vencida. Los ministros de Economía de los Veintisiete han alcanzado un acuerdo sobre la nueva directiva para gestionar la reestructuración y liquidación de bancos, que establece qué acreedores deben asumir pérdidas en futuras crisis bancarias. En virtud de las reglas pactadas, los accionistas y los acreedores, no los contribuyentes, pagarán la factura en caso de quiebras de entidades, y se otorga una protección especial a los depósitos.
La nueva norma para que sean los acreedores y no los contribuyentes los que paguen en futuras crisis bancarias entrará en vigor en 2018 para dar tiempo a las entidades a adaptarse y no en 2015 como reclamaban el Banco Central Europeo (BCE) y países como Alemania y Holanda, según el acuerdo alcanzado este jueves por el Ecofin.
La norma garantiza que en ningún caso se tocarán los depósitos inferiores a 100.000 euros y otorga una protección especial a los de más de 100.000 euros en manos de pymes y particulares, que sólo sufrirán pérdidas como último recurso, según informaron fuentes diplomáticas.
El acuerdo, ha sido alcanzado tras más de seis horas de negociaciones, será ratificado por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre que empieza hoy y supone una de las piezas fundamentales de la unión bancaria, cuyo objetivo es romper el vínculo entre deuda bancaria y deuda soberana y evitar nuevos fiascos como el rescate de Chipre.
Una quita mínima
Según han explicado, se establece por primera vez un porcentaje mínimo de pérdidas impuestas a los acreedores y accionistas, que se ha fijado en el 8% de los pasivos de los bancos que requieran ayuda.
Una vez aplicada la quita obligatoria, la norma deja un amplio margen de maniobra a los Estados miembros para salvar a determinados acreedores de las quitas, hasta el 5% de los pasivos. En este caso, la UE ha introducido una salvaguarda, de manera que la Comisión Europea tendría que ser informada por parte de las autoridades de resolución nacionales antes de una exclusión de pasivos y podría vetarla.
Este rescate se financiará con los fondos nacionales destinados a tal efecto, alimentados por los propios bancos. En circunstancias excepcionales, la directiva autoriza a continuación el uso de fondos públicos nacionales y del MEDE antes de que todos los acreedores pierdan por completo su inversión, pero no de forma directa sino mediante un préstamo al Estado que computa como deuda pública, tal y como se ha hecho en el caso de España.
La recapitalización directa sólo podrá intervenir en una segunda fase, una vez que se hayan agotado todas las quitas posibles, si el banco sigue necesitando ayuda.
Depósitos protegidos
"Hemos llegado a un acuerdo que es positivo con tres mensajes fundamentales: una protección muy elevada de los depósitos, un modelo común de lo que va a ser la resolución de los bancos y de cómo tienen que hacer frente a las pérdidas, y una protección del dinero del contribuyente", señaló el ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
El objetivo de la directiva es establecer una jerarquía que en el futuro aporte claridad sobre qué acreedores y en qué orden pueden verse sometidos a quitas, empezando por los accionistas, seguidos de la deuda subordinada y de bonos júnior, de deuda sénior y finalmente de depósitos no asegurados.
Los depósitos de menos de 100.000 euros siempre serán excluidos permanentemente, y los depósitos de particulares, de microempresas y de pymes gozarán de una protección más elevada frente a otros acreedores y depósitos de grandes empresas.
"Es un paso en la dirección correcta en lo que tiene que ser el progreso en la unión bancaria", señaló tras la reunión de los ministros del ramo de la UE, el llamado Ecofin.
Más estricta que la española
Luis de Guindos añadió que el modelo de rescate bancario que fija la directiva es más estricto que el que se ha aplicado en el caso de España, ya que se exigirá a los acreedores que asuman un mayor porcentaje de pérdidas que las aplicadas a los preferentistas españoles.
"En el caso de España, la recapitalización de los bancos ha sido bastante más favorable que lo que se ha acordado ahora para el resto de países, que lo que aparece en la directiva de resolución", ha asegurado Guindos.
El ministro ha resaltado que la directiva establece "una protección muy elevada para todos los depósitos", fija un "modelo común" sobre cómo los bancos deben hacer frente a las pérdidas y garantiza "una protección del dinero del contribuyente".
"El principio que había mantenido España siempre era la necesidad de garantizar todo tipo de depósitos, tanto los de menos de 100.000 como los de más de 100.000", ha resaltado Guindos. En el acuerdo final, ha proseguido, "los de menos de 100.000 tienen lo que podemos llamar una superprotección", mientras que "los de más de 100.000 también tienen una protección especial respecto a otro tipo de pasivos bancarios".
De hecho, según Guindos la recapitalización directa de la banca a cargo del fondo de rescate (MEDE) sólo se activará "para proteger los depósitos, estrictamente". "Si se tocaran los depósitos, se establece la posibilidad de que el fondo de rescate pueda inyectar el capital y nunca habría pérdidas para los depósitos", ha dicho.
El caso de Suecia
Suecia ha logrado un trato especial, dado que exigió una mayor flexibilidad, al igual que Reino Unido, que no tendrá que crear un fondo nacional de resolución -que se financiará con contribuciones de los bancos- porque ya dispone de una tasa especial sobre la banca.
En el caso de Suecia, mientras que el 8 % de los pasivos sujetos a quitas se mide sobre la totalidad de los mismos, para ese país se ha fijado el porcentaje en un 20 % de los activos ponderados por riesgo a cambio de que tenga un fondo de resolución más grande.
Los fondos de resolución nacionales, si se integran en los fondos de garantía de depósitos, tendrán que tener una cobertura del 1,3 % de los pasivos y si se crean individualmente el 0,8 % en diez años, mientras que en el caso de Suecia tendrá que ser del 3 % de los pasivos.
MEDE: Las reglas para salvar bancos
