Barcelona, 17 jun (EFE).- El Juzgado Social número 33 de Barcelona ha acogido hoy el juicio por la demanda de un pensionista contra la decisión del Gobierno de no revalorizar las pensiones en función del IPC, decisión por la que algunos partidos presentaron hace meses un recurso al Tribunal Constitucional.
Precisamente antes de la celebración del juicio, una veintena de pensionistas se han concentrado ante el Registro de los juzgados Sociales, donde han presentado también sus respectivas demandas al respecto y, posteriormente, han estado presentes en la sala, para apoyar al pensionista demandante en el juicio, Domiciano Sandoval.
Según ha explicado su abogado, en base a la Ley General de la Seguridad Social, el Estado tendría la obligación de compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada a lo largo del año, si el incremento calculado para compensar los efectos del IPC acaba siendo insuficiente.
En este sentido, la parte demandante considera que los pensionistas han perdido poder adquisitivo, ya que mientras que el IPC del año pasado, que se toma como referencia, se situó en un 2,9 por ciento, las prestaciones solo han subido para este año un 1 por ciento.
En el trámite de audiencia previa, el magistrado Joan Agustí ha sugerido que la cuestión de fondo era "absolutamente coincidente" con el recurso ya presentado en el Constitucional, por lo que ha planteado el archivo provisional de la demanda por el plazo de un año, a la espera de una sentencia.
Una propuesta apoyada por la defensa del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INNS), pero que el demandante, aunque ha reconocido que "no era del todo desagradable", ha acabado rechazando, al considerar que el Alto Tribunal podía demorar su sentencia durante años.
Mientras que el abogado de Sandoval ha insistido en que la cuestión no era dirimir la constitucionalidad de la norma, sino su aplicación, presentando como prueba una sentencia del Juzgado de los Social del País Vasco, favorable al derecho de los pensionistas, la defensa ha matizado que dicha sentencia "no era firme, y por lo tanto no vinculante", y ha puntualizado que la ley vincula la actualización de las pensiones a la ley de Presupuestos Generales.
El juicio ha quedado ahora visto para sentencia, ya que el juez examinará si desestima la demanda o si, incluso, acaba derivando en una cuestión de inconstitucionalidad contra la decisión del Gobierno español.
Tras el juicio, el abogado de Sandoval, Àlex Tissminetzky, ha valorado "positivamente" las posibilidades de la demanda presentada, aunque ha reclamado que el magistrado "entre en la norma en concreto, como ha hecho el juez del País Vasco"
"Políticamente será bueno si el juez la considera anticonstitucional, pero para los pensionistas será una mala noticia si deben esperar varios años a la sentencia", ha concluido.
