El primer secretario del PSC, Pere Navarro, pidió ayer que se supriman los conciertos económicos que tienen País Vasco y Navarra, ya que, en su opinión, son un "privilegio".
"Si queremos una financiación justa, empecemos por eliminar en la reforma de la Constitución los privilegios que existen hoy, porque sólo así podremos construir un sistema justo para todos", aseguró.
Las declaraciones de Navarro cayeron como un jarro de agua fría entre los socialistas vascos y navarros. La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE aseguró ayer que el partido "no contempla la posibilidad planteada por el PSC y respeta los derechos históricos de Euskadi y Navarra recogidos en la Constitución", y que no incluirá la idea planteada por Navarro en sus propuesta de reforma de la Carta Magna. La polémica abre una nueva grieta entre el PSC y el PSOE.
"Hablen con cualquiera que no sea vasco o navarro y le dirá que es un tema que debe solucionarse", aseguró Navarro en un desayuno informativo. El líder del PSC explicó que el modelo actual no permite que ambos territorios aporten fondos a la solidaridad con las autonomías menos desarrolladas.
Tras lamentar la actitud de "quienes hablan de la falsa insolidaridad catalana", Navarro defendió la propuesta de reforma constitucional del PSC, que pide un modelo de financiación autonómica limitado por el principio de la ordinalidad y que garantiza la suficiencia de recursos para todas las comunidades.
"Tengo tendencia a decir cosas que se pueden decir en privado pero no en público", señaló Navarro en referencia a la petición pública que hizo al Rey para que abdicara.
Deuda del Estado
Ayer la Cámara de Comercio de Barcelona reclamó al Gobierno que cumpla con los compromisos adquiridos a raíz de la Disposición Adicional Tercera del Estatut, que prevé que la inversión del Estado en Cataluña debe ser equivalente al peso económico de la comunidad en el conjunto de España, un 18,6 por ciento del PIB.
Los incumplimientos de esa norma, según la Cámara, ascienden ya a 3.974 millones de euros, equivalentes al 2 por ciento del PIB catalán. Esa cantidad corresponde a los ejercicios ya liquidados de 2007, 2008 y 2009 (de los que se arrastra una deuda de 971 millones), la estimación para 2010 y 2011 (1.263 millones) y los cálculos para 2012 y 2013 (1.740 millones).
