El Gobierno portugués aplazará la devolución de una paga extra a funcionarios y pensionistas, ordenada por el Tribunal Constitucional, porque su abono podría dificultar el cumplimiento de las metas trimestrales del déficit.
La decisión, envuelta en una gran polémica, fue duramente criticada por la oposición y los sindicatos, que acusaron al Ejecutivo conservador de diferir ese pago sin respaldo legal para hacerlo.
El propio primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, salió al paso de las acusaciones y, en declaraciones a los periodistas, subrayó que el aplazamiento lo permite una norma administrativa aprobada el viernes en el Parlamento, donde el Gobierno tiene mayoría absoluta, y que debe entrar en vigor este mes de junio.
Passos Coelho sostuvo que el Gobierno cumplirá con el dictamen del Constitucional que ordena la restitución de las pagas y restó importancia al retraso en su abono.
