El Gobierno luso informó hoy de que ha llegado a un acuerdo con el banco estadounidense JP Morgan sobre unos polémicos contratos financieros de riesgo (swap) firmados por empresas públicas y que suponían fuertes pérdidas para el Estado.
Los contratos, que podían acarrear hasta 3.000 millones de euros en perjuicios a las arcas públicas, han sido renegociados ya con todos los bancos implicados, según fuentes oficiales, a excepción del Santander Totta, filial del Santander de España,
El Ministerio de Finanzas indicó que han concluido de forma satisfactoria las negociaciones con JP Morgan, una de las instituciones que, desde 2003, firmó los swap con entidades sobre todo de transporte público.
En la escueta nota en la que dio a conocer el acuerdo con el banco estadounidense, el Ministerio de Finanzas no especificó sus términos ni el eventual ahorro que representa para Portugal.
La negociación resultó en "la aplicación de la metodología" definida por la Agencia de Gestión de Tesorería y Deuda Pública, sostiene el Ministerio, que agregó: "Está normalizada la relación entre entidades del sector público y esa institución financiera".
El cerca de medio centenar de swaps firmados por varias empresas públicas, como el metro de Lisboa y el de Oporto, pretendían cubrir los posibles cambios de interés de sus préstamos mediante variables complejas y consideradas "especulativas" y poco habituales por el Gobierno luso.
Casi el 2% del PIB
El Ejecutivo conservador anunció en abril su intención de llevar a los tribunales los casos relativos a esos contratos financieros en los que no llegará a un acuerdo con las entidades bancarias.
Aunque no se han detallado los montos exactos ni su reparto entre los bancos involucrados, la mayoría internacionales, fuentes oficiales calcularon que el posible costo para las arcas públicas de esas operaciones podía llegar a los 3.000 millones de euros, cerca del 2% del PIB luso.
El Gobierno portugués envió los contratos a la Fiscalía lusa para su análisis y varios altos cargos públicos fueron cesados o dimitieron por haber participado en la gestión de los swaps, cuya legalidad defendieron tanto JP Morgan como Santander Totta.
En la primera etapa de la renegociación de los contratos el Gobierno aseguró haber reducido en 500 millones de euros su impacto en las cuentas públicas lusas sin dar más detalles.
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