Ve "decepcionante" la ley antidesahucios y no propondrá vocales para renovar el CGPJ.
La Asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha asegurado que el resultado final de la Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios -ley antidesahucios- "ha sido decepcionante, al no aportar respuestas equilibradas a situaciones injustas y al apostarse por una sobreprotección de los intereses de las entidades bancarias".
Para la Asociación, según se recoge en las conclusiones adoptadas en su 28º Congreso, la ley "incrementa el distanciamiento entre la sociedad y sus instituciones, al no haber querido incorporar ni siquiera una mínima parte del espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular que se había presentado con un amplio apoyo ciudadano".
En su opinión, "resulta reprochable" que "el Gobierno haya sido incapaz de alcanzar un amplio consenso con la mayoría de las fuerzas políticas". Y es más, su negativa a establecer la dación en pago "también muestra una notable falta de sensibilidad social, correlativa a las presiones de las entidades financieras". Asimismo, critica "la insensibilidad institucional" del Ejecutivo "al no haber querido impulsar una legislación sobre insolvencia" que se acompaña, sin embargo, "de la generosidad en la aportación de cantidades de fondos públicos a las entidades bancarias, a pesar de su conducta a menudo negligente".
"Burla" a la democracia
Respecto de la reforma del sistema de elección, funcionamiento y competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asegura la Asociación que supone "una burla a las reglas democráticas (...) que impone un modelo no consensuado que responde a intereses partidistas y al objetivo de someter al CGPJ a un inequívoco control por parte del poder Ejecutivo".
Por ello, JpD ha decidido "no participar en el proceso interno dirigido a proponer candidatos para la renovación del CGPJ, condicionando la futura participación a la derogación de la ley".
Mínimo vital de ingresos
Otra de las propuestas de la Asociación pasa por la elaboración de una Ley de Inembargabilidad que "asegure un mínimo vital de ingresos, una protección reforzada del deudor de buena fe, y que la vivienda habitual esté especialmente protegida".
La idea es "establecer un régimen unitario que evite que la concurrencia de ejecuciones prive de recursos elementales a los afectados y conflictos entre los distintos órganos ejecutantes".
Asegura la Asociación que "estamos en una situación excepcional en la que una quinta parte de la población vive bajo el umbral de la pobreza, una cuarta parte de los trabajadores en desempleo y más de dos millones de familias no tienen ninguno de sus componentes en situación de contribuir al sostenimiento familiar".
