MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El Gobierno pagará durante un año --con un límite cuantitativo-- los gastos de desplazamiento, alojamiento y guardería a aquellos parados que acepten un trabajo que esté, al menos, a 100 kilómetros de distancia de su lugar de residencia, medida incluida en el plan de recolocación de desempleados aprobado hoy por el Consejo de Ministros.
En concreto, para los gastos de desplazamiento el Ejecutivo aportará una cuantía máxima de cuatro veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) mensual (516,90 euros), para los gastos de traslado de mobiliario y enseres, también cuatro veces el IPREM y para el coste de alojamiento (ya sea por la compra de vivienda o en régimen de alquiler), lo financiará con un límite de hasta diez veces el IPREM mensual.
Igualmente, el Gobierno costeará los posibles gastos de guardería que puediera tener el trabajador empleado hasta una cantidad máxima de cuatro veces este indicador, así como los gastos por cuidado de dependientes, también con un límite de cuatro veces el IPREM mensual. El Ejecutivo explica que todas estas ayudas son acumulables y durante el periodo máximo del primer año de contrato laboral de este trabajador.
Además de estas subvenciones, el plan de recolocación aprobado hoy contempla la contratación de 1.500 orientadores para la realización de itinerarios personalizados para los desempleados, así como una ayuda de 350 euros mensuales durante tres meses como máximo para aquellos desempleados con especiales dificultades para encontrar trabajo, que no perciban prestación por desempleo y con rentas inferiores al IPREM mensual.
Además de las tareas de los orientadores, el plan contiene medidas dirigidas a la formación, entre ellas la realización de una convocatoria directa a las empresas de sectores generadores de empleo para proponerles convenios de cualificación y/o formación con compromiso de contratación, así como una convocatoria extraordinaria de formación de oferta para ocupaciones que puedan absorber empleo.
El plan, cuya dotación alcanza los 201 millones de euros y tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de este año (aunque podrá ser prorrogado), beneficiará a medio millón de desempleados. Fuentes del Gobierno señalaron que la iniciativa ha sido acogido de manera satisfactoria tanto por los agentes sociales como por las comunidades autónomas.
Igualmente, precisaron que antes de su entrada en vigor debe aprobarse el crédito extraordinario para financiar el mismo, convocar una Conferencia Sectorial con las comunidades para hacer el reparto de los fondos y después aprobarse una orden del Ministerio de Trabajo donde se precisarán los distintos mecanismos. Con todo, el Gobierno espera que en dos o tres semanas pueda estar en vigor.
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