MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La portavoz de Consumo del PSOE en el Congreso, Pilar Grande, ha presentado una proposición de ley para proteger al consumidor frente a las prácticas abusivas de las grandes empresas, "extraordinariamente difíciles de combatir", y que, a su juicio, desaniman al consumidor a reclamar, especialmente en los supuestos en los que la cuantía es pequeña.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de los martes y acompañando a la portavoz socialista en la Cámara Baja, Pilar Grande ha insistido en que esta ley se presenta porque la factura de la crisis la están pagando "los más humildes", mientras que las grandes compañías de telefonía, gas, agua o luz, por ejemplo, "se van de rositas".
De hecho, ha subrayado que hoy en día es más fácil iniciar un trámite de separación o divorcio que cancelar un contrato de suministro de telefonía o gas, por ejemplo, porque siempre las compañías "transmiten con máquinas parlantes".
Es más, defiende que la Ley sobre los derechos de los consumidores es "ineficiente", a la vez que cree que está "fragmentada" y "dispersa" y por ello plantea una serie de modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil para reforzar el papel de la tutela judicial para los consumidores.
En la exposición de motivos de la normativa, el PSOE apunta a los casos "más recientes" en relación con la emisión de participaciones preferentes y deuda subordinada de determinadas entidades financieras, que han puesto en evidencia, a su juicio, los fallos del sistema de protección jurisdiccional de los consumidores y usuarios que requiere una revisión en profundidad para lograr que las leyes cumplan su función de tutela de los derechos e intereses de la ciudadanía.
Así, relata que esta proposición de ley pretende paliar las carencias de la regulación actual para facilitar la tutela judicial efectiva a través de las asociaciones de consumidores y usuarios más representativas, atribuyendo además legitimación activa al Ministerio Fiscal en defensa de intereses difusos y colectivos, cuando el interés social lo justifique.
Además, dice que posibilitará así el llamamiento legal de terceros en procesos para la protección de derechos e intereses difusos y colectivos, facilitando la acumulación de acciones de reparación de daños y perjuicios causados tanto a los consumidores y usuarios como al interés general y fortaleciendo el ejercicio responsable de las acciones colectivas.
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