El anteproyecto de la nueva ley de Cámaras de Comercio que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada abre la puerta a que estos entes estén controlados por las patronales provinciales, autonómicas o nacionales, cumpliendo así una histórica aspiración de CEOE que levanta ampollas en ciertos ámbitos del mundo cameral. La gran patronal española funciona además sin oposición de sus 'filiales' territoriales, excepto en contadas ocasiones, por lo que CEOE será quien controle en último término la gran mayoría de las Cámaras españolas.
Ese control, si la ley recoge íntegramente el texto del anteproyecto, deriva de dos aspectos clave. Primero, que el documento, al que ha tenido acceso elEconomista, establece la procedencia de los vocales de los plenos de las Cámaras -su máximo órgano de control- y señala que "la mitad más uno" del número de vocales que tengan esos plenos se corresponderá con "representantes de todas las empresas pertenecientes a las Cámaras en atención a la representatividad de los distintos sectores económicos [...] teniendo en consideración su aportación al PIB, el número de empresas y empleo". Los electores serán todas las empresas.
Pertenencia de oficio
Actualmente, sólo las empresas que voluntariamente han querido formar parte de las Cámaras aportando recursos económicos a las mismas pueden elegir al 85 por ciento de los miembros del pleno de forma directa. Sin embargo, dado el escaso margen temporal desde la reforma que el anterior Gobierno del PSOE hizo de la ley de Cámaras, casi ninguna ha renovado sus órganos de gobierno mediante esta fórmula, que quedará anulada.
En segundo lugar, y en estrecha relación con todo ello, se cambia radicalmente el modelo de pertenencia de las empresas a las Cámaras. En la reforma de ley de Cámaras de 1993 que aprobó en 2010 el Gobierno de Zapatero se suprimió la cuota cameral obligatoria y, por tanto, la pertenencia de facto de todas las empresas a las cámaras a través de ese pago.
El anteproyecto del Gobierno actual recupera la adscripción "de oficio" -según expresa textualmente el documento- de todas las empresas a las Cámaras, aunque de esa pertenencia no se desprenderá obligación económica alguna. Es decir, paso atrás muy medido para volver a incluir a las empresas -todas excepto las del sector primario, las dedicadas al sector seguros controladas por personas físicas y los profesionales liberales- pero sin que estas tengan que pagar por ello. Consecuencia: todas las empresa quedan incluidas en las Cámaras y de ellas emanará directamente la mayoría simple que controlará sus plenos.
Si a ese control de facto -la mitad más uno- que ejercerán sobre las Cámaras las patronales que agrupan y representan a todas las empresas de una provincia o autonomía se suma a que en el pleno también estarán incluidos -en una proporción a determinar por las leyes autonómicas que desarrollen la estatal- "representantes de empresas y personas de reconocido prestigio en la vida económica dentro de la circunscripción de cada Cámara [...] a propuesta de las organizaciones intersectoriales y territoriales más representativas"; y, en tercer lugar, "representantes de las empresas de mayor aportación voluntaria en cada demarcación", el control patronal será ya total.
Las fuentes del sector cameral consultadas señalan además que esas empresas que puedan hacer aportaciones voluntarias -una figura que recoge el anteproyecto- serán las grandes compañías, que se garantizarán así un mayor control de las Cámaras.
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