El Gobierno amplía a 15 días el plazo para que los tribunales escuchen las reclamaciones de los desahuciados

El Gobierno va a ampliar los plazos con los que cuentan jueces y secretarios judiciales para recibir en audiencia a los afectados por ejecuciones hipotecarias, además de ampliar a los fiadores la protección que la nueva Ley Antidesahucios prevé para los avalistas.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Así consta en una de las enmiendas que el PP ha presentado en el Congreso al proyecto de ley de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, a las que ha tenido acceso Europa Press. De esta manera, el grupo mayoritario propone modificar una norma que fue aprobada de forma definitiva en el Senado hace apenas una semana y a la que no quiso incorporar ninguna enmienda de las propuestas por la oposición en toda la tramitación parlamentaria.

Ahora, los 'populares proponen la modificación de varios puntos de la Ley Antidesahucios. En concreto, piden ampliar de cinco a quince días el plazo con el que cuenta el juez para dar audiencia al acreedor y al deudor cuando se detecta la existencia de cláusulas abusivas. Asimismo, se prevé que el plazo para tomar una decisión será de cinco días hábiles, y no naturales como recogía la norma.

En el mismo sentido, se amplía también de cuatro a quince días el plazo con el que contarán los secretarios judiciales para suspender una ejecución hipotecaria y convocar a las partes tras formularse oposición por parte del deudor.

FIADORES Y AVALISTAS

Por otra parte, los 'populares' recogen en su enmienda la previsión de que las medidas de protección incluidas en la ley se apliquen tanto a los avalistas como a los fiadores, siempre que lo sean del deudor principal, precisión que hasta ahora no hacía la normativa.

Además, se incluye una modificación del artículo de la Ley Antidesahucios en la que se encomienda al Gobierno la creación de un fondo social de viviendas con el objetivo de estipular que podrán acceder a esta opción las víctimas de desahucio que cumplan las condiciones previstas para acogerse a la moratoria. Esta previsión había sido eliminada del texto por el PP con el objetivo de que se pudiera ampliar el umbral de aplicación de la medida.

No obstante, en un texto acordado en el Congreso en el último momento con UPN se recogía la previsión de que, seis meses después de la entrada en vigor de la ley, se valoraría la posibilidad de ampliar la cobertura de este fondo si aún quedaran viviendas disponibles.