MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Las administraciones públicas han mejorado sus plazos de pagos al reducir en cinco días el tiempo que tardan en pagar, aunque siguen tardando 155 días, lejos de los 30 días que marca la directiva europea que entró en vigor el pasado 16 de marzo.
Así se desprende del 'Indice de Riesgo 2013' elaborado por la multinacional sueca Intrum Justitia con datos recogidos durante el primer trimestre del año. Al comparar la situación con el resto de Europa, se ve que sólo las administraciones públicas de Italia (170 días) y Grecia (159 días) superan a España.
Según el estudio, que también analiza el comportamiento de los consumidores y empresas, España es el segundo país de Europa con el plazo medio de pago más largo (99 días), sólo superado por Italia (133 días). Aunque ha bajado en 6 días respecto a 2012, la cifra aún duplica la media europea de 48 días.
Las empresas descienden de la primera a la cuarta posición al pasar de los 97 días en 2012 a los 85 en el primer trimestre de 2013 y situándose por detrás de las empresas turcas, italianas y chipriotas y en el mismo nivel que las portuguesas. Los consumidores, por su parte, también han reducido este plazo y han pasado de 60 días de retraso en 2012 a 58 días en lo que va de año.
Del estudio se desprende que el 71% de las empresas situadas en el norte de Europa paga en menos de 30 días, frente al 30% de las empresas presentes en países del sur. En España la distribución de las cuentas a cobrar se mantuvo estable con respecto a 2012 y casi la mitad de las facturas se abona entre 31 y 90 días (46%).
Según la variable de riesgo del estudio, las diferencias son notables entre el norte y sur del continente, ya que solo Finlandia, Noruega y Suecia muestran un perfil de riesgo bajo, mientras que 10 países se encuentran en situación de emergencia, como España.
De hecho, España aumenta de los 170 a los 173 puntos, lo que indica que se encuentra en "un caso extremo de emergencia donde es necesario implementar de inmediato medidas correctivas para disminuir el nivel de riesgo", según el informe.
Por otro lado, las pérdidas por impagos son distintas también entre el norte y sur. Así, solo 4 de los 31 países encuestados han mostrado mejoras en sus pérdidas por impagos (Dinamarca, Finlandia, Islandia y Suecia). España por su parte, se mantiene estable con relación al año pasado, un 2,7%, lo que supone 25.400 millones de euros.
A nivel europeo, la cantidad de facturas que origina pérdidas por impagos se ha incrementado del 2,8% al 3,0% alcanzando los 350.000 millones de euros. Según el director general de Intrum Justitia, Luis Salvaterra, aunque estas cifras a priori no son muy elevadas, es necesario realizar esfuerzos adicionales para compensar las pérdidas por facturas impagadas.
EL 80% DE LAS EMPRESAS TIENE PROBLEMAS DE LIQUIDEZ
Según el estudio, el 80% de las empresas españolas presenta problemas de liquidez derivados en los retrasos de los pagos, una situación que no mejora con respecto al año pasado y que contrasta con la media europea del 57%. Aunque cada vez son más las empresas que conocen la nueva directiva de morosidad (75% frente al 66% que la conocía el año pasado), el 84% cree que no ha tenido un gran impacto en los plazos de pago.
Por otro lado, la encuesta revela que el 70% de las empresas europeas no cree que sus gobiernos estén ayudando a las empresas a resolver este problema. En España, el 94% de las empresas cree que el gobierno no está haciendo lo suficiente.
En cuanto a la seguridad de las empresas europeas a la hora de obtener apoyo financiero de los bancos, el estudio pone de manifiesto que el 54% de las empresas españolas asegura tener una menor confianza en las entidades bancarias y solo un 3% tiene mayor seguridad. En el resto de Europa, Alemania, Noruega y Polonia son los únicos países que confían más en sus bancos con respecto al año pasado.
EL RIESGO DE IMPAGO PERMANECERA
De cara al futuro, el 36% de las empresas españolas cree que el riesgo de impago permanecerá en el mismo nivel, mientras que el 57% cree que aumentará en los próximos 12 meses.
El estudio analiza el comportamiento de las empresas cuando disponen de menos dinero para pagar todas sus facturas y con concluye que lo primero que pagan son las facturas del sector público que incluyen impuestos, cargos y tasas, entre otras cosas. A continuación se sitúan las facturas del proveedor más importante y en tercer lugar las facturas de las empresas de suministros. Las últimas facturas que pagan son las de proveedores internacionales y locales.
