MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El Congreso de los Diputados instará al Gobierno a que evalúe la posibilidad de ratificar el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo decente par los trabajadores domésticos, que fue adoptado en junio de 2011 y al que España aún no se ha adherido formalmente.
La Comisión de Empleo de la Cámara Baja aprobó esta semana por unanimidad el texto acordado entre la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), promotor de la iniciativa, y el Partido Popular, en el que se pide al Ejecutivo que "en un plazo razonable de tiempo" evalúe la posibilidad de ratificar dicho convenio, así como la recomendación 201 que lo desarrolla, con el objetivo de adaptar la legislación española a sus estipulaciones.
No obstante, en la iniciativa original la Izquierda Plural exigía la ratificación inmediata de ambos textos, en los que se exige a los estados firmantes tomar una serie de medidas para lograr que el trabajo doméstico goce de unas condiciones decentes en materias como el respeto y protección de los derechos laborales fundamentales (libertad de asociación, negociación colectiva, eliminación trabajo forzoso o abolición trabajo infantil) e información sobre condiciones de empleo (tiempo de trabajo y descanso, horas extra, vacaciones pagadas, remuneración, Seguridad Social y cobertura de la maternidad).
ALGUNOS ARTICULOS CHOCAN CON LA NORMATIVA VIGENTE
Durante el debate, el portavoz de Empleo de IU-ICV-CHA, Joan Coscubiela, defendió que el convenio busca dar "una protección mínima" a las aproximadamente 677.800 personas que, en España, trabajan como empleados domésticos, más del 90% de las cuales son mujeres. Además, lamentó el "incomprensible" rechazo del Gobierno a ratificar el texto el pasado mes de diciembre, e instó a los 'populares' a, "por una vez", situar a España "al frente" de la defensa de este colectivo.
La diputada del PP Carmen Quintanilla aseguró que el Gobierno tiene una clara "sensibilidad" hacia el colectivo de los empleados del hogar y su protección, defendiendo que la mayor parte de lo planteado en el convenio de la OIT ya figura en la legislación española. No obstante, recordó "hay una serie de artículos" que chocan con la normativa vigente, lo que motivó la no ratificación del texto. Concretamente, hizo referencia al artículo 13, que obliga al Estado a garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable, algo que en nuestro país debe asegurar el empleador.
La socialista María Virtudes Monteserín criticó que esta incongruencia entre el convenio de la OIT y la legislación española se debe a la modificación "de razones ideológicas" que el Gobierno 'popular' hizo de la normativa, ya que "con la regulación anterior hubiera podido ratificarse sin problema alguno".
Finalmente, el portavoz económico de UPyD, Alvaro Anchuelo, reconoció no entender cómo un país como España puede "mantenerse al margen" de un convenio como el 189, mientras que Carles Campuzano, de CiU, defendió que el contenido del texto de la OIT es "razonable" y se preguntó por qué el Ejecutivo lo rechaza cuando "buena parte de sus estándares" ya están en la legislación y su no ratificación "debilita la acción internacional para garantizar el trabajo decente en muchísimos de los países donde eso no se produce".
