Varios grupos ecologistas acusan a España y otras potencias pesqueras como Francia de dificultar las negociaciones que los Veintisiete mantienen con el Parlamento Europeo para reformar la Política Pesquera Común (PPC), con el objetivo de "retrasar" su entrada en vigor más allá de 2014 y seguir permitiendo la sobrepesca en la actividad de la flota comunitaria.
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