BRUSELAS, 23 (EUROPA PRESS)
Los grandes depositantes con más de 100.000 euros en sus cuentas serán los últimos en asumir pérdidas en los futuros rescates bancarios, según el acuerdo alcanzado por los principales grupos políticos de la Eurocámara sobre la nueva directiva de resolución de crisis bancarias.
El texto de compromiso se votará ahora "lo antes posible" en la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara y se negociará con el Ecofin, que tiene previsto aprobar su posición en mayo o junio, según ha explicado este martes el ponente parlamentario, el conservador sueco Gunnar Hökmark.
Las nuevas medidas para que sean los accionistas y los acreedores, y no los contribuyentes, los que paguen futuros rescates bancarios entrarán en vigor en 2018, aunque el Parlamento se plantea todavía adelantar esta fecha.
"Hay una exención muy clara para todos los depósitos por debajo de 100.000 euros. Lo que ocurrió en Chipre no debe ocurrir de nuevo si se aplica esta legislación", ha explicado el ponente parlamentario.
El resto de acreedores "estará más o menos expuesto" en caso de rescate, ha avisado. No obstante, los depósitos no asegurados "se usarán como último recurso" ya que la Eurocámara introduce en la legislación "una preferencia para los depósitos, de forma que el riesgo se minimiza".
El objetivo del Parlamento es introducir "la mayor seguridad jurídica posible". "Hemos visto en las crisis bancarias, entre ellas la última de Chipre, que si no hay reglas muy claras se pueden tomar decisiones cuestionables", ha sostenido Hökmark.
La nueva norma obligará a todos los Estados miembros a crear fondos nacionales de resolución prefinanciados por las entidades bancarias. No obstante, los préstamos entre fondos nacionales "serán voluntarios".
Finalmente, la Eurocámara ha introducido una diferencia entre el caso del rescate de un banco individual, que deberá ser financiado por sus acreedores, y el de una crisis financiera sistémica donde todos los bancos sistémicos.
En este segundo caso, el Parlamento prevé la intervención de los Gobiernos, pero con condiciones muy estrictas para que no se distorsione la competencia y se garantice que los contribuyentes recuperen su dinero.
En este sentido, el ponente ha defendido la nacionalización temporal de las entidades y su posterior venta cuando haya remitido la crisis sistémica. De esta forma, "los accionistas asumirán las pérdidas y los contribuyentes se quedarán con los posibles beneficios" de la privatización.
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