El grupo parlamentario de CiU ha registrado, para su debate en el Pleno del Congreso, una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que ayude a las comunidades autónomas y ayuntamientos a pagar las deudas que mantienen con entidades sin ánimo de lucro del tercer sector, dado que estas facturas pendientes no pueden ser cubiertas apelando al Plan de Pago a Proveedores.
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
En su iniciativa, que recoge Europa Press, los nacionalistas catalanes recuerdan que, "además de las deudas contempladas hasta el momento" en los dos planes de pago a proveedores puestos en marcha por el Ejecutivo 'popular', existen otras cantidades pendientes con "numerosas entidades sin ánimo de lucro que no cumplen las condiciones estipuladas, y cuyo pago también es preciso garantizar".
Además, recuerdan que muchas de esta entidades sin ánimo de lucro atienden a colectivos especialmente vulnerables como los discapacitados, y además operan en sectores como el social, el cultural, el educativo o el sanitario, entre otros.
EL PROBLEMA SE PUEDE AGRAVAR
CiU también recuerda que las deudas que acumulan han provocado en 2012 retrasos en el pago de las nóminas en el 90% de las organizaciones y reducciones de plantilla en el 51%. Además, gran parte han tenido que retrasar el pago de cotizaciones a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, lo que está dificultando aún más su acceso al crédito.
Dado que estas entidades sin ánimo de lucro prestan servicios "de forma directa o indirecta a favor de las administraciones, y son responsables de gestionar un amplio conjunto de servicios sociales básicos o complementarios que también configuran el estado del bienestar", Convergència i Unió cree necesario atender sus necesidades antes de que "peligren la estabilidad y la continuidad" de los recursos y servicios que prestan.
"Aunque formalmente no se consideren proveedores de la Administración, materialmente sí lo son y es por ello que es preciso incluir la deuda que soportan en el ámbito objetivo de la presente novación del plan de proveedores del ejercicio anterior", insiste CiU, que cita datos de la Mesa del Tercer Sector de Cataluña según las cuales, a 1 de octubre de 2012, la deuda de las administraciones públicas con las entidades del tercer sector ascendía sólo en Cataluña, a 640 millones de euros.
AMPLIAR EL ACTUAL PLAN
Por ello, y dado que la renovación del Plan de Pago a Proveedores está incluida en la norma de Emprendedores que actualmente está tramitando el Congreso, CiU propone "ampliar el ámbito" de aplicación de dicha norma "y/o adoptar alternativamente las medidas necesarias para que se favorezca de forma prioritaria el pago de la deuda contraída" con estas entidades.
En concreto, exige que esta problemática se aborde en el plazo máximo de tres meses y con la colaboración de los gobiernos regionales, y que sea cual sea la solución adoptada se puedan acoger a ella los afectados por convenios cuyo objeto está excluido de la Ley de Contratos del Sector Público, los que tienen contratos de colaboración o de gestión de servicios públicos autonómicos en modalidad de concesión, los que reciben subvenciones o quienes están sujetos a cualquier otra modalidad de adjudicación de fondos, cubierta o no por la Ley de Contratos del Sector Público".
"Es imprescindible una acción de choque de estas características con el objetivo de evitar la desaparición de una parte muy significativa del tejido social, construido con tanto esfuerzo y que ha costado tantos años consolidar", subraya.
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