El Supremo anula los servicios mínimos de la Comunidad de Madrid en la huelga de 2010

Madrid, 19 abr (EFE).- El Tribunal Supremo ha ratificado la nulidad de los servicios mínimos decretados por la Comunidad de Madrid con motivo de la huelga general del 29 de septiembre de 2010, tal y como ya estableció en julio de 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Según una nota remitida hoy por CCOO, el Tribunal Supremo -la más alta instancia judicial del país-, desestima en una sentencia notificada el pasado día 11 el recurso de la Comunidad contra la sentencia del TSJM que anuló parte del decreto con el que el Gobierno regional estableció los servicios mínimos para esa huelga general.

Este "nuevo varapalo" del Supremo al Gobierno de la Comunidad de Madrid, dice la nota, tiene su origen en el recurso Contencioso- Administrativo que interpusieron CCOO y UGT ante el TSJM "por vulneración del derecho fundamental de huelga", por la "imposición" por parte de la Comunidad de Madrid de los servicios mínimos.

El 23 de septiembre de 2010, una semana antes de la huelga, el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el decreto que establecía unilateralmente los servicios mínimos en la jornada de paro.

El TSJM sentenció anulando una gran parte de dicho Decreto al estimar que la Comunidad de Madrid "no motivaba la fijación de los servicios mínimos, se establecían en actividades o prestaciones que no tienen el carácter de esenciales, falta de proporcionalidad, es decir abusivos y parcialidad de la Administración en el conflicto laboral".

La sentencia fue recurrida por la Comunidad de Madrid ante el Supremo, "contra el criterio del propio Ministerio Fiscal", pero ahora el Supremo vuelve a dar la razón a UGT y a CCOO al no aceptar el recurso de casación de la Administración regional, por lo que la sentencia del TSJ es firme y definitiva.

Además el Supremo impone el pago de 1.500 euros de costas a la Comunidad de Madrid.

En su nota, CCOO de Madrid manifiesta su satisfacción ante esta decisión del Tribunal Supremo a pesar de que ya no tiene efectos prácticos.

"Esta es la culminación de una larga batalla jurídica contra la Comunidad de Madrid por imposición abusiva y sistemática de servicios mínimos en los conflictos laborales", dice el secretario de Política Institucional de CCOO de Madrid, Manuel Rodríguez.