El Consejo Económico y Social (CES) ha asegurado que el anteproyecto de ley de garantía de la unidad de mercado puede ser de difícil aplicación y dar lugar a una gran litigiosidad porque afecta a un buen número de competencias autonómicas y locales.
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
"No sólo entre el Gobierno central y las administraciones territoriales, sino también entre las propias comunidades y entidades locales, al establecer la prevalencia de la regulación de la administración territorial de origen del operador económico", señala en el dictamen sobre la norma aprobado por el Pleno del CES.
El CES comparte los propósitos de la futura ley de garantizar la unidad de mercado, mediante la eliminación de las distorsiones y duplicidades que en la práctica desincentivan de manera injustificada la iniciativa empresarial y la generación de empleo.
No obstante, considera que tal unidad, como también señala el Tribunal Constitucional, no significa uniformidad, ya que la configuración del Estado español supone una diversidad de regímenes jurídicos. Por tanto, el dictamen establece que debe buscarse un equilibrio que admita una pluralidad y diversidad de intervenciones y regulaciones de las Comunidades Autónomas en el ámbito económico.
El CES es partidario de impulsar un proceso de armonización de la regulación económica de las distintas administraciones públicas que, respetando los ámbitos competenciales, limite la excesiva dispersión normativa, simplifique los procedimientos, elimine duplicidades y requisitos innecesarios, así como trabas o restricciones injustificadas o desproporcionadas.
Así, considera necesario revisar la normativa de las administraciones territoriales que implique un trato discriminatorio para las empresas de otros territorios, aunque entiende que la norma del Gobierno opta por un proceso de homogeneización normativa que puede producir una convergencia hacia una normativa de mínimos o ausencia de normativa, situación con la que no está de acuerdo.
Además, al consagrar el principio de territorio de origen en la prevalencia del marco regulatorio, se puede introducir un incentivo a la localización empresarial en los territorios con menor regulación o con aquella más favorable a su actividad.
Por otro lado, el CES alerta de numerosas indeterminaciones en el texto del anteproyecto que pueden generar inseguridad jurídica, como la escasa definición del alcance de la norma, o el establecimiento de sectores y actividades económicas afectados por la nueva regulación.
Igualmente, en el caso del procedimiento sancionador, aprecida dudas cuando la normativa del lugar de prestación de un servicio difiera de la correspondiente a la del lugar de origen de la empresa y demanda una mayor precisión en lo relativo a los procedimientos necesarios para la aplicación, seguimiento y verificación de la declaración responsable.
Por otro lado, solicita que se tenga en cuenta de forma explícita la necesidad de la participación de los interlocutores económicos y sociales en todo el proceso, así como que a lo largo del anteproyecto se incluya en el articulado alguna referencia a las implicaciones que para los consumidores tendrá la aplicación de la futura norma.
Por último, el dictamen muestra escepticismo ante la afirmación recogida en la Memoria del análisis de impacto normativo de que la puesta en marcha de esta ley no supondrá aumento de costes, por lo que cree que convendría realizar un cálculo de la repercusión presupuestaria de la futura norma.
