RSC.- Ninguna oficina pública de Navarra cumple de forma completa la normativa de accesibilidad, según un estudio

Por el contrario, el entorno de los edificios no presenta problemas de accesibilidad en un 74% de los casos

PAMPLONA, 14 (EUROPA PRESS)

Ninguna de las 42 oficinas públicas de la Comunidad foral que ha sido objeto de un estudio realizado por la Asociación de Discapacitados Físicos de Navarra Ibili cumple "de forma completa" la normativa vigente en materia de accesibilidad, la Ley Foral de Barreras Arquitectónicas de 1988.

El estudio, titulado 'Accesibilidad de las Administraciones Públicas de Navarra', analiza las condiciones objetivas de accesibilidad que presentan las principales sedes oficiales y de servicios públicos de cara a su utilización por parte de personas usuarias de sillas de ruedas.

Así, el documento estudió las sedes de los distintos departamentos del Gobierno de Navarra, sus organismos autónomos y los ayuntamientos con mayor volumen de población entre los que se encuentran Pamplona, Tudela, Barañáin, Burlada, Estella, Zizur Mayor y Villava.

El informe revela que en un 74% de los casos el entorno de los edificios no presenta problemas de accesibilidad, "un dato que pierde valor si tenemos en cuenta que luego para el acceso a las oficinas se requiere la ayuda de otra persona en casi el 60 por ciento de los casos, y en ocasiones es imposible", según explicó el presidente de la asociación Ibili, Javier Miranda. "También son más de la mitad las oficinas cuya estructura interior dificulta que una persona en silla de ruedas se desenvuelva de forma autónoma", añadió.

Además, Miranda señaló que, "en general, ni siquiera las obras nuevas contemplan de forma adecuada y completa la accesibilidad, de modo que sólo dos de los espacios analizados se acercan significativamente a los mínimos establecidos por la normativa vigente, rozándolos pero sin llegar a cumplirlos". Asimismo, afirmó que resulta revelador que en tres de cada cuatro sedes estudiadas no existan lavabos adaptados según dicta la normativa.

El presidente de Ibili dijo que estos resultados muestran, "en el mejor de los casos, que un usuario de silla de ruedas sólo puede utilizarlos completamente con la ayuda de otras personas". Además, se han observado "numerosas situaciones en las que el acceso o la deambulación son imposibles incluso recurriendo a terceros".

ASPECTOS PRINCIPALES

El informe analiza en cada edificio cuatro aspectos principales. En primer lugar, la urbanización exterior y el acceso; a continuación, la comunicación horizontal y los recorridos dentro de la sede (pendientes en una planta, giros y altura de mostradores, entre otros); el tercer punto es la comunicación vertical (los ascensores, las rampas y las escaleras para acceder a otras plantas); y por último, las características de los aseos.

De acuerdo con las condiciones objetivas de accesibilidad que presenta cada espacio en relación con estos apartados, el estudio otorga, según sea el caso, las calificaciones, a modo de semáforo, de "accesible", "practicable" (con ayuda de terceros) o "inaccesible".

Tras este análisis, Miranda indicó que han realizado diversas propuestas de solución en función de las necesidades de cada una de ellas. Así, para aquellos espacios situados en edificios antiguos que no han sido reformados plantea un estudio completo y una actuación integral que tenga en cuanta la accesibilidad; para aquellos que están localizados en construcciones antiguas reformadas recomienda una revisión rigurosa de las adaptaciones, que en muchos casos se hicieron de forma "incorrecta", y para los de nueva construcción reivindica el cumplimiento estricto de la normativa.

En este sentido, el presidente de Ibili dijo que el estudio detectó edificios construidos en fecha en que la Ley Foral de Barreras Arquitectónicas ya estaba vigente pero que, sin embargo, incumplen aspectos de dicha norma, lo que a su juicio es "doblemente grave".

Miranda realizó un llamamiento a las Administraciones Públicas y a las responsables políticos para que asuman la accesibilidad como "un elemento imprescindible en la calidad de los servicios públicos". Asimismo, les recordó su obligación de velar "por que ninguna persona que pretenda utilizar cualquiera de los recursos públicos quede excluida de su uso y disfrute, porque esos servicios al menos en teoría, están dirigidos a la totalidad de la población".