La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado en el Congreso un nuevo paquete de enmiendas al proyecto de ley Antidesahucios --fruto de la fusión del proyecto del Gobierno y de la iniciativa legislativa popular-- en el que exige al Ejecutivo que articule un procedimiento extraordinario de revisión de oficio de todas las ejecuciones hipotecarias en curso en las que pudiera haber cláusulas abusivas.
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
Según las enmiendas de la coalición de izquierdas, a las que ha tenido acceso Europa Press, es "razonable" habilitar un procedimiento extraordinario para los deudores que no hayan podido acogerse a los nuevos supuestos de oposición al desahucio que el Gobierno ha introducido en la norma para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.
En concreto, la Izquierda Plural reclama que en el plazo máximo de tres meses se habilite el reglamento para que el juez pueda actuar de oficio en las ejecuciones en curso y comprobar si existen o no cláusulas abusivas, "sin obligar al deudor a iniciar acciones". En caso de que sea el afectado el que solicite esa revisión (cosa que sí prevé el proyecto), IU-ICV pide ampliar a dos meses el plazo.
OPONERSE POR CLÁUSULAS ABUSIVAS
Además, también presenta una modificación a la propuesta del Gobierno de regulación a la oposición a la ejecución. Así, frente al texto original que prevé que sólo sea causa de oposición la existencia de cláusulas abusivas que hayan motivado el desahucio o que hayan variado la deuda pendiente, la Izquierda Plural plantea que la mera existencia de alguna cláusula abusiva pueda ser motivo de oposición para deudores hipotecarios en caso de vivienda habitual.
Todo ello, añaden, "sin perjuicio de la posible actuación de oficio de jueces y tribunales" y "siguiéndose el trámite previsto para incidentes", una precisión que no consta en el texto de los 'populares'.
Por otra parte, IU-ICV incluye que el auto que estime la oposición podrá sobreseer la ejecución o determinar la cantidad por la que se haya de seguir en función de la causa alegada por el deudor en la oposición, pero elimina la previsión de que no se pueda recurrir el fallo judicial.
Además, da facultades al juez para suspender cautelarmente la ejecución del desahucio si la reclamación se debe a la existencia de cláusulas abusivas para "garantizar la plena eficacia de la decisión final" que se adopte, y se requiere al Gobierno que, en el plazo máximo de tres meses, presente un proyecto de ley de Seguridad Oportunidad que permita a los deudores hipotecarios reestructurar sus deudas, sea cual sea la fase de reclamación en que se encuentren.
Estas enmiendas se añaden a las que la Izquierda Plural ya tenía registradas al proyecto del Gobierno y a la ILP, que se mantendrán vivas para su debate en Ponencia, el próximo martes, y en caso de no ser aceptadas, también en Comisión, el jueves o el martes siguiente.
