PSOE concretará en su propuesta a la Ley de Transparencia la petición de que el Rey haga público su patrimonio personal

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El PSOE tiene previsto concretar su planteamiento de que la familia Real haga público su patrimonio a través de las propuestas que hará al proyecto de Ley de Transparencia. Sin embargo, el Ejecutivo no quiere que la institución sea objeto de confrontación partidaria y la intención es ir de la mano de Zarzuela en este asunto.

La petición de que el Rey don Juan Carlos y el Príncipe hagan públicos sus patrimonios fue anunciada el pasado lunes por la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, marcando así un salto cualitativo en la posición que ha venido manteniendo el PSOE en relación con la Casa Real hasta la fecha.

Este paso se produce tras las informaciones aparecidas en los últimos meses que afectan al Rey y a su familia, entre ellas, los problemas judiciales del yerno por el caso Nóos, la reciente imputación de la Infanta Cristina y la herencia que dejó Don Juan a su hijo y que tenía en tres cuentas suizas, una información que aún no ha sido aclarada por Zarzuela.

Las fuentes socialistas consultadas por Europa Press señalan que aún no han decidido cómo va a ser el planteamiento para que el Rey y el Príncipe hagan públicos sus patrimonios personales. Pero sí consideran que en la Ley de Transparencia debe regularse la fórmula.

En este sentido, explican que no tiene por qué ser una información que esté sometida continuamente al escrutinio público como lo es la de los diputados y senadores, que cada cuatro años deben declarar sus ingresos y patrimonios.

NO UN ESCRUTINIO CONTINUO, PERO SI CLARIDAD

Sin embargo, sí ven necesario que en un momento determinado los ciudadanos sepan cuál es el Patrimonio del Jefe de Estado, como ocurre en Inglaterra, donde los bienes personales de la Reina son conocidos por los ciudadanos. Y también consideran la posibilidad de que se pueda regular que renueven la información cuando hayan transcurrido determinados plazos de tiempo o cuando se considere oportuno.

Las mismas fuentes explican que no habían realizado este planteamiento con anterioridad porque el Gobierno había limitado la Ley de Transparencia excluyendo a la Casa Real, pero una vez que se ha determinado que también afecte a Zarzuela la explicación del destino del dinero público, han considerado necesario ir un poco más allá y propiciar que se conozca el patrimonio del Monarca y del heredero de la Corona.

No obstante, los socialistas no han podido abordar aún con el Gobierno este planteamiento ya que no han recibido la llamada del Ejecutivo para sentarse a negociar sobre cómo va a afectar la Ley de Transparencia a la Casa del Rey. Pero la presentación de enmiendas a este proyecto de Ley aún está en plazo, a pesar de las numerosas prórrogas que ha sufrido su tramitación.

Sin embargo, el Gobierno prefiere plantear este asunto con más prudencia y evitar en lo posible que la Monarquía sea objeto de confrontación entre los dos grandes partidos políticos. El objetivo es salvaguardar las instituciones y aunque el Ejecutivo ha abordado esta cuestión con la Casa Real no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el Monarca haga públicos sus bienes y prefiere evitar las valoraciones sobre la propuesta socialista.

La intención, señalan, es ir de la mano de la Casa Real en esta cuestión y de hecho, la vicepresidenta del Gobierno desveló el pasado viernes que llevan en contacto sobre este asunto desde febrero.

DESPUES DEL VERANO

Fuentes populares consultadas por Europa Press achacan el planteamiento del PSOE a la pérdida de apoyos de los socialistas por la izquierda, que reclama más transparencia a la Monarquía. Pero también en las filas populares, algunos dirigentes admiten que llegará un momento en que la Casa Real tenga que hacer públicos los datos del patrimonio personal del Monarca.

Pero creen que eso no se puede plantear ahora, porque se vincularía la decisión a los casos de corrupción más polémicos que hay en los tribunales, entre los que está el del yerno del Rey y la Infanta, el de Bárcenas o la Gürtell. Pero sí ponen en el horizonte como fecha el próximo otoño, para cuando esperan que se hayan producido algunas decisiones judiciales que despejen algunas dudas, faciliten el camino en ese sentido y permitan hacer las cosas con más tranquilidad.

Los populares creen también que fijar en este momento el límite hasta dónde se debe informar sería contraproducente, porque inmediatamente surgirían voces pidiendo que se fuera más allá.

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