El Gobierno reconoce que el decreto sobre preferentes --que incluye la previsión de una derrama de entre 1.500 y 1.900 millones de euros de las entidades bancarias al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para poder dar liquidez a las participaciones de entidades nacionalizadas-- provocará una reducción del crédito en un primer momento, pero confía en que a la larga consiga una mejora de la confianza y de la estabilidad del sistema financiero.
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