Compromís-Equo pide al Gobierno que los accionistas decidan el salario de los directivos de sus empresas

El diputado de Compromís-Equo en el Congreso, Joan Baldoví, ha registrado para su debate en la Comisión parlamentaria de Economía una proposición no de ley pidiendo al Gobierno que modifique la normativa para que sean los accionistas de las empresas cotizadas quienes fijen el salario de sus directivos, y que se prohíban --o al menos se limiten legalmente-- las primas por contratación y las indemnizaciones por despido.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Según consta en la iniciativa, que recoge Europa Press, la propia Comisión Europea (CE) se ha mostrado favorable a conceder a los accionistas más potestades para regular los salarios de los directivos, especialmente en los niveles más altos de las empresas, como ya hizo para las entidades financieras con el apoyo de la Eurocámara.

"El objetivo de esta proposición es el mismo: limitar los salarios abusivos y, de ese modo, poner límite a los emolumentos que cobran los directivos de las grandes compañías y garantizar el empleo de los trabajadores", explica Baldoví, recordando que la brecha salarial en empresas cotizadas se ha acrecentado en los últimos años. Sólo en 2012 el salario medio de un directivo aumentó un 3,16% mientras el de los empleados de empresas del Ibex cayó un 1%.

PARA ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS

Ante esta situación, la solución óptima para el diputado valenciano pasaría por un referéndum como el realizado recientemente en Suiza para preguntar a los ciudadanos sobre su postura a favor o en contra de limitar los salarios excesivos y otras indemnizaciones en las grandes empresas.

A falta de esa posibilidad, debería aprobarse al menos una nueva legislación que, "con celeridad", permita que sean los accionistas "y no los propios directivos" quienes decidan sobre las retribuciones de los directivos de empresas que cotizan en bolsa. En este sentido, Compromís-Equo aboga por que la medida se aplique tanto a las empresas que coticen en bolsa en el Estado español como en países extranjeros si sus empresarios residen en el España.

Por otra parte, la propuesta exige también la prohibición de las indemnizaciones por la marcha de la empresa o las primas por contratación, "estableciendo en todo caso un límite salarial legal". "Para garantizar el cumplimiento de esta normativa es necesario que la propuesta incluya un régimen sancionador que desincentive su incumplimiento", concluye.