La jugada de la canciller alemana, Angela Merkel, ha sido maestra. La crisis de Chipre le ha servido para demostrar, una vez más, quién manda en la zona euro y enviar un mensaje muy claro a sus ciudadanos: castigaremos a los países que no cumplan nuestras normas. Una vez más, la UE queda dividida en dos bloques: uno, en el que Alemania y los países proclives a la austeridad se imponen sobre aquellos susceptibles de recibir la ayuda europea para reflotar sus bancos. En el laboratorio chipriota, Merkel ha contado con la ayuda inefable del presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, que ha pasado de ser un completo desconocido al centro de las iras de analistas y políticos de los países periféricos.
Hace nueve meses, cuando Chipre solicitó su rescate, nadie imaginaba que salvar a este minúsculo país estremecería los cimientos mismos del sistema bancario, justo cuando la crisis de confianza comenzaba a amainar. Sin embargo, el Gobierno alemán ha forzado una solución "singular" para Chipre, en la que accionistas, bonistas y grandes depositantes pagarán un alto precio por el rescate, que sólo es un anticipo de lo que quiere que se lleve a cabo en el horizonte 2018, o incluso antes, para toda la zona euro.
No más dinero alemán
En el espíritu germano está que los contribuyentes alemanes no vean su dinero dirigirse a los países en crisis sin contrapartidas o castigos ejemplares para los culpables.
A principios de la semana, cuando la operación no estaba clara, el ministro alemán Wolfgang Schaüble culpó abiertamente a Chipre de la situación. Ayer, sin embargo, los portavoces oficiales intentaban pasar de puntillas sobre la contestada idea de pagar los rescates con el dinero de los depositantes. El plan acordado contiene los "instrumentos correctos" para resolver los "problemas específicos" de Chipre, esto es, su "sector bancario sobredimensionado", insistían.
En este sentido, Berlín se limita ahora a hacer énfasis en que los depósitos de menos de 100.000 euros están protegidos legalmente en toda Europa, intentando aplacar las preocupaciones de sus ciudadanos.
Curiosamente, el último sondeo del Instituto Forsa demuestra que la posición del Gobierno alemán respecto de Chipre beneficia a la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Merkel, que ha visto subir su respaldo un punto porcentual.
Hasta la crisis chipriota ningún país había cuestionado la directiva de resolución bancaria presentada en junio de 2012 por la Comisión, que calca el mismo enfoque que defienden Alemania y Holanda.
Sin embargo, lo sucedido esta semana ha puesto en alerta a países como Francia y España, que además de resultar afectados por la desconfianza de los mercados, ven cómo han caído en la trampa que podría dar al traste con la ansiada recapitalización directa de la banca.
Horizonte 2018
Pero la estructura diseñada por Berlín, y respaldada por la Comisión, es todo un engranaje coherente en sí mismo que incluye la supervisión financiera a nivel europeo a través de nuevos poderes para el Banco Central Europeo, un fondo europeo de garantía de depósitos (inferiores a 100.000 euros) y un mecanismo europeo de resolución de quiebras, que implicará el pago de la propia entidad por el desaguisado en el horizonte de 2018. Sólo tras todo ese proceso, en el que cada uno purgará sus culpas, el Mecanismo Europeo de Estabilidad Europea (Mede) podría poner a disposición de los Estados, y sus sectores financieros, el dinero de los contribuyentes europeos.
Esta teoría en apariencia aséptica levanta ampollas en diversos países. Por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, acusó ayer a Alemania de buscar la hegemonía en la zona euro. "Alemania no tiene el derecho a decidir qué modelo deben seguir otros países de la UE", dijo, subrayando que "no se puede permitir que bajo la excusa de cuestiones económicas se asfixie a otros países".
España sigue siendo candidata para un rescate
