Economía/Desahucios.- El BNG propone que el juez pueda imponer alternativas al desahucio como alquileres sociales

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha registrado cuatro enmiendas a la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago con las que, respetando el espíritu de la propuesta original, proponen modificaciones para que la entrega de la vivienda sea el último recurso y que el juez pueda imponer alternativas como alquileres sociales cuando la familia demuestra que es deudora de buena fe.

En sus propuestas, que recoge Europa Press, el BNG propone por ejemplo que se avance en una reforma de la normativa procesal hipotecaria y civil para que se pueda "ponderar adecuadamente los intereses den conflicto" en un desahucio, de tal manera que cuando el deudor "haya actuado de buena fe" y se trate de su vivienda habitual "se regulen las causas legales de oposición que puedan ser valoradas por los juzgados y tribunales".

De esta manera, aunque la dación en pago "se mantiene como (opción) preferente conforme al espíritu de la ILP", los nacionalistas gallegos consideran conveniente que la autoridad judicial pueda estudiar alternativas como la renegociación de la deuda o su conversión en alquiler para que "a la profunda falta de ingresos de muchas economías" no se una la pérdida de la vivienda.

LIMITAR LA RESPONSABILIDAD

Por otra parte, el BNG también propone una modificación del Código Civil para limitar la responsabilidad civil universal que existe actualmente, de tal manera que "normas legales o pactos voluntarios" puedan estipular que la obligación garantizada mediante bienes hipotecados o pignorados "alcance exclusivamente a dichos bienes" y no se extienda a otro patrimonio del deudor.

Finalmente, el BNG incluye en una de sus enmiendas la posibilidad de que el juez pueda adoptar medidas cautelares como la suspensión del desahucio para tener tiempo de "examinar si el deudor ha incumplido una obligación esencial dentro del contrato", si el incumplimiento ha sido "lo suficientemente grave con respecto a la duración y cuantía del préstamo", y si hay medios "adecuados y eficaces" para que el afectado "pueda poner remedio a los efectos del vencimiento adelantado del préstamo", así como si los intereses moratorios son "abusivos".

En este sentido, sugiere cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil para que entre las causas de oposición de los ciudadanos a un lanzamiento se cuente la "imposibilidad de acceder a una vivienda digna" tras haber sufrido una bajada considerable de la renta con respecto al momento en que se firmó la hipoteca o que el contrato contenga cláusulas abusivas que "impliquen un desequilibrio relevante" en el sentido de que "limite la defensa del ejecutado o implique una penalización excesiva".

Tras apelar a estas circunstancias, el juez podrá desestimar la petición del deudor o estimarla acordando una modificación o moratoria en el pago de los plazos pactados "acomodándolos a la situación económica del deudor", transformar la hipoteca en un contrato de alquiler con opción a compra, o la condonación parcial de la deuda si con ello se compensa de forma equilibrada a ambas partes.

En el caso de que el juez concluya que hay cláusulas abusivas, podrá declarar su anulación e incluso ordenar la paralización de la ejecución hipotecaria.

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