La Paz, 21 jul (EFECOM).- El Gobierno de Bolivia presentó ante la Fiscalía General una demanda contra la firma estadounidense Enron y el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por la presunta firma ilegal de un contrato para construir un gasoducto a Brasil en 1994.
En una nota de prensa difundida hoy, la Fiscalía anunció la recepción de la denuncia, elaborada por el ministro de Hidrocarburos del Ejecutivo del socialista Evo Morales, Andrés Soliz.
En el documento aparecen también ex ejecutivos de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que actualmente trabajan para la brasileña Petrobras.
Otros demandados son Víctor Hugo Cárdenas, vicepresidente durante la primera gestión de Sánchez de Lozada (1993-1997), cuando se produjeron las supuestas irregularidades, y todo el antiguo gabinete ministerial del ex gobernante, además del entonces superintendente de Hidrocarburos, Carlos Miranda.
Según el secretario general del Ministerio Público, Wilfredo Chávez, la denuncia expone las razones por las que en la firma del contrato entre el Estado boliviano y Enron se "habría causado un daño económico cuantioso al país" al haberse incumplido "disposiciones constitucionales y legales", agrega el comunicado.
Los delitos de los que se acusa a los implicados son: conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, e infidencia económica, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional.
También falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, asociación delictiva, cohecho pasivo propio y concusión.
El pasado 23 de junio, el ministro Soliz anunció que iba a interponer la demanda, porque el 9 de diciembre de 1994 Sánchez de Lozada firmó "sin autorización del Congreso" el acuerdo de asociación entre YPFB y Enron para financiar y construir el gasoducto a Brasil, el principal cliente del gas natural boliviano
Según el ministro, eso fue "un atentado a la dignidad del país" porque un presidente no debe firmar contratos y además fue un engaño, ya que la petrolera brasileña Petrobras financió todo el gasoducto, sin que la Enron haya aportado capital.
Sin embargo, la empresa estadounidense, "brutalmente abusiva", según Soliz, apareció luego como la dueña del 40 por ciento del gasoducto.
Entonces era presidente de la empresa estatal boliviana Arturo Castaños, quien luego fue contratado por Petrobras como su director en Bolivia, cargo que tiene en la actualidad.
El responsable de la cartera de Energía también denunció un presunto soborno de Enron a YPFB por una suma de 2,5 millones de dólares, basada en un presunto intercambio de correspondencia entre Castaños y el ex directivo de la compañía estadounidense en la nación andina, Peter Erick Weider.
Otro de los acusados es Oscar Serrate, actual vicepresidente de Relaciones Externas de la firma Transredes, la que fuera filial boliviana de Enron.
En mayo pasado, la empresa estadounidense vendió a la británica Ashmore su participación del 25 por ciento en Transredes, una de las firmas afectadas por la nacionalización dictada ese mes por el presidente boliviano, Evo Morales.
Las principales perjudicadas por la medida gubernamental son Petrobras y la hispano-argentina Repsol YPF, mientras que en menor grado han visto peligrar sus inversiones y su continuidad en el país la francesa TotalFinaElf y las británicas British Gas y British Petroleum.
Sánchez de Lozada, que vive en Estados Unidos desde que dimitió de el 17 de octubre de 2003, en un segundo mandato iniciado en el 2002, afronta ya un juicio de responsabilidades por las muertes registradas en la ola de protestas que forzó su renuncia. EFECOM
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