Dos años después de lo previsto, se han extinguido 229 entes públicos de los 525 cierres comprometidos para diciembre de 2011. Con estos mimbres y el reconocimiento del ajuste realizado por los Gobiernos autonómicos para mermar el déficit, pese a no lograr el objetivo autonómico de 2012, irrumpió el ministro de Hacienda y Administraciones, Cristóbal Montoro, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado ayer en Madrid, tras ocho meses de impasse desde el anterior, que tuvo lugar en julio de 2012.
El 90,86% de las empresas, consorcios y fundaciones que las comunidades autónomas se comprometieron a cerrar estaban ya prácticamente disueltas o sin actividad a 1 de octubre de 2012. Así lo recoge el último informe sobre reordenación del Sector Público Autonómico, que Hacienda y los consejeros del ramo regionales aprobaron ayer en el CPFF.
En total, las CCAA han cesado la actividad de 477 de las 525 que se habían comprometido a cerrar. Sin embargo, de esa cantidad sólo se han suprimido completamente 229, un 43,6%, y otras 248 están en proceso de extinción.
El sector público autonómico estaba formado a cierre de 2012 por un total de 2.326 entidades.
Ahorro de 1.500 millones
Hacienda estima el ahorro derivado de esta redimensión del sector público autonómico en más de 1.500 millones de euros entre 2011 y 2013 (solo en este ejercicio el ahorro previsto será de 421,5 millones) y otro adicional de 130 millones anuales en concepto de personal, porque la desaparición de estos entes públicos supondrá en torno a 5.863 despidos.
Según estimaciones del Ministerio, las entidades que desaparecen en procesos de fusión o extinción gestionan un total de gasto no financiero de 6.810 millones de euros y cuentan con una plantilla media de 25.580 trabajadores.
Atendiendo a los datos, hasta octubre pasado las regiones que más empresas, consorcios y fundaciones suprimieron fueron Galicia, que cerró 38 de las 46 previstas y tiene otras 7 en proceso extinción; Castilla-La Mancha, que finiquitó 32 entes de 48 y tiene otras 5 en proceso de extinción y Navarra, que ha cerrado 23 de las 26 a las que se había comprometido. Sin embargo, las alumnas más aventajadas fueron Cantabria, que liquidó 13 empresas habiendo podido crear una o La Rioja, que eliminó 4, sin tener que hacerlo. En el lado opuesto, Andalucía, que apenas ha liquidado 17 de las 111 entidades exigidas, Baleares, que tan solo ha logrado extinguir 14 de 93; y Cataluña, que solamente ha cerrado 24 de las 67 sociedades a las que se ha comprometido.
En la rueda de prensa posterior a la cumbre autonómica, Montoro valoró que ésta se saldara con la creación de tres grupos de trabajo.
Tres grupos de trabajo
Uno de los grupos estudiará el funcionamiento del sistema de financiación autonómica; otro, la aplicación del objetivo de estabilidad y deuda; y un tercero abordará la reforma de las Administraciones para evitar duplicidades.
Montoro dejó claro que la intención del Gobierno Central es conocer la opinión de las autonomías sobre si debiera aplicarse un objetivo único de déficit para este año a todas ellas o no, sin prejuzgar ningún resultado. Ello ocurriría una vez que la Comisión Europea haya decidido qué nuevo margen presupuestario brinda a España, que este año tenía que reducir en principio el agujero de las cuentas públicas al 4,5 por ciento del PIB. Ese grupo de trabajo empezará a trabajar de inmediato sobre los criterios para aplicar ese "déficit asimétrico", aunque sin poner aún sobre la mesa ninguna cifra en tanto que Bruselas no se ha pronunciado aún.
El ministro valoró el esfuerzo de ajuste presupuestario que las autonomías acometieron el año pasado y que les permitió reducir su déficit hasta el 1,73%, algo más de dos décimas por encima del tope que se les había puesto.
Ese esfuerzo demuestra, en opinión de Montoro, "la fiabilidad del estado de las autonomías" y es un avance "tangible y real" para lograr la credibilidad. Reconoció, además, que detrás de ese esfuerzo está la renuncia de toda la sociedad al gasto público, así como el pago de más impuestos. Ese recorte es un paso decisivo hacia el final de la crisis económica, que es el objetivo que persiguen tanto el Gobierno Central, como los autonómicos.
El sobrante del FLA
En cuanto al Fondo de Liquidez Autonómica, las comunidades pidieron que el sobrante de los 23.000 millones presupuestados para 2013 se reparta después de conocerse los límites "asimétricos" de déficit para tener en cuenta las necesidades de cada CCAA.
Hacienda estudiará también la petición de que se habilite un plan de pago a proveedores con facturas del 2012, ya que los hasta ahora aprobados solo admitían las anteriores a ese año.
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