Los tres grupos con representación en las Cortes de Castilla y León --PP, PSOE y Grupo Mixto-- han cerrado filas este jueves en torno a la defensa del carbón en la Comunidad con el fin de que finalmente el Gobierno resuelva los recursos presentados por las empresas y desbloquee las ayudas, además de aprobar un nuevo Plan del Carbón que garantice la continuidad de la minería en la Comunidad.
VALLADOLID, 21 (EUROPA PRESS)
PP, PSOE y Grupo Mixto han respaldado sin fisuras esta Proposición No de Ley (PNL) presentada por los socialistas y que, fruto de un trabajo posterior, se ha logrado extraer un texto "no descafeinado" y "enriquecido" que han contado con el respaldo de los tres grupos en un momento en el que el "grado de tensión en las cuencas mineras es incompatible con la convivencia".
La procuradora socialista por León Ángela Marqués Sánchez ha sido la encargada de defender esta iniciativa parlamentaria en una intervención en la que se ha mostrado convencida de que si finalmente se logra materializar todas las medidas incluidas el conflicto minero "estará resuelto", ya que, como ha destacado, se aportan "soluciones a corto plazo".
De este modo, Marqués Sánchez ha recordado que el "enemigo actual" del sector minero en la Comunidad es el Gobierno de España en el que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, es protagonista de una situación que la dirigido con "auténtica saña".
El procurador portavoz del Grupo Mixto, José María González, ha respaldado la proposición y ha manifestado quedarse con ganas de declarar 'persona non grata" en la Comunidad al ministro Soria, al tiempo que ha defendido que, como dirigente de IU, la única solución que tiene el carbón es la "explotación pública" a través de una "nacionalización". "No tiene sentido que un sector pueda tener futuro al norte de la Cordillera Cantábrica y no al sur", ha concluido.
Por su parte, el procurador 'popular' y alcalde de Toreno (León), Pedro Muñoz Fernández, ha defendido la postura del PP ante este conflicto, aunque antes ha agradecido a su Grupo haber confiado en un alcalde minero en esta intervención. "Mi postura en un sí rotundo, los mineros no somos gente extraña somos personas con los mismos problemas que cualquiera y somos generosos y solidarios", ha reflexionado.
Muñoz Fernández ha insistido en que avanzar en los derechos de los mineros es defender "los derechos de la Comunidad en su conjunto", al tiempo que ha confiado en la existencia de una solución porque todavía existe carbón.
El procurador 'popular' ha recordado que ya hace tres meses que los mineros no cobran por una "falta de entendimiento" entre la "administración de turno y las empresas", lo que ha provocado que en las cuencas se viva un "grado de tensión incompatible con la convivencia". "Carbonizidas hay en todas partes y a nosotros nos compete que no se salgan con la suya", ha aseverado.
Tras agradecer al PSOE la presentación de esta PNL ha abogado por cerrar filas en torno a un consenso en defensa del carbón, los puestos de trabajo y su futuro energético. "Debemos exigir siempre ser tratados como nosotros, desde esta Comunidad Autónomas, tratamos a los demás", ha concluido.
De este modo, ante la exposición del procurador 'popular', la socialista Ángela Marqués ha agradecido el apoyo de los grupos de la Cámara y ha pedido que el consenso no aparezca únicamente cuando la presión social se "recrudece".
EL TEXTO
En concreto, a través de esta PNL consensuada, los tres grupos parlamentarios exigen a la Junta de Castilla y León que realice un informe sobre las consecuencias en Castilla y León del cierre "desordenado" de la minería del carbón, un estudio que deberá ser remitido en el "plazo más breve de tiempo" a los grupos políticos de las Cortes y al Gobierno central.
Al mismo tiempo pide al Ejecutivo regional que realice las labores de mediación con las partes implicadas para facilitar la retirada de los EREs presentados en el sector de la minería en la Comunidad.
A través de esta iniciativa parlamentaria se insta al Gobierno de España a analizar y estimar "cuanto antes" los recursos de reposición presentados por las empresas a las que se ha denegados las ayudas de modo que el Consejo de Ministros las autorice finalmente y el Instituto del Carbón resuelva con la concesión de las misas y así las empresas que no estén al día de sus obligaciones puedan financiarse.
Del mismo modo, se pide que se modifique "con urgencia" el Real Decreto y que se ponga en marcha "de forma inmediata" el suministro de carbón a las centrales térmicas, cerrar un acuerdo consensuado del Plan del Carbón 2013-18 y modificar las ayudas al cierre de explotaciones no competitivas por otro de obligación de servicio público que garantice la presencia del carbón español en el mix de generación eléctrica.
Para los grupos parlamentarios con representación en las Cortes el Plan del Carbón debe garantizar la continuidad de la actividad minera, mantener su carácter estratégico, articular medidas concretas, apoyar la formación continua y universitaria, mejorar medioambientalmente el entorno minero, apoyar la investigación e impulsar el estudio de viabilidad de los yacimientos de carbón autóctono más allá de 2018.
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