Los inspectores de Hacienda dicen que no sólo defraudan firmas tecnológicas. Sólo se dedican 20 días a cada gran empresa y se dejan sin inspeccionar la mitad de los ejercicios.
No se trata sólo del sector tecnológico. Las prácticas fiscales abusivas y la elusión de impuestos son hechos generalizados entre todas las empresas multinacionales, independientemente del mercado en el que estén operando. Es lo que aseguran los inspectores de Hacienda, que reclaman a la Agencia Tributaria que "sea valiente para tomar medidas", incremente los medios con los que trabajan, refuerce los controles e intente así aumentar los ingresos.
Ramsés Pérez Boga, presidente de la organización profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, explica que "aunque es cierto que el sector tecnológico tiene más fácil llevar a cabo este tipo de prácticas porque es mucho más sencillo demostrar que no tiene un establecimiento permanente y al final, aunque facture en España, puede consolidar las ventas en otro país con una presión fiscal más favorable -algo mucho más complicado, por ejemplo, en el motor o la industria alimentaria- eso no quiere decir que haya abusos generalizados".
Los inspectores han detectado, de hecho, distintos tipos de prácticas con las que los grandes grupos intentan ahorrar en su factura con Hacienda. La más común es el desvío de ventas y beneficios hacia sociedades en otros países, tal y como hacen, por ejemplo, Microsoft, Amazon, Yahoo, Google o Apple, entre otras muchas, con empresas, fundamentalmente, en Irlanda y Luxemburgo, pero no es el único caso.
Operaciones vinculadas
Hay multinacionales que inflan de forma desorbitada las operaciones vinculadas entre sus propias sociedades, lo que además de facilitar transferencias de dinero a coste cero permite en un momento dado provocar pérdidas en una determinada sociedad y conseguir con ello rebajar la factura fiscal.
"Y hemos detectado también grupos que compran una empresa en el país y le cargan luego toda la deuda de la operación, con lo que provocan que durante años esté en números rojos y pueda eludir así también impuestos", apunta en la misma línea Pérez Boga. Los inspectores insisten ante todo ello que es necesario estrechar la vigilancia y poner freno a este tipo de operativas. El gran problema al que se enfrentan es que, aunque poco éticas, y salvo casos específicos, este tipo de prácticas están amparadas hoy por hoy por la legislación vigente.
"La Agencia Tributaria debe actuar con valentía y abrir caminos. Lo primero es aumentar la presencia en organismos internacionales, como la OCDE, para tratar de marcar un estándar de trabajo a nivel internacional, pero hay que impedir a toda costa que las empresas que operen aquí tributen fuera", dice el presidente de los inspectores.
Una de las vías que defiende su organización es anular todas las operaciones financieras que no tengan lógica. El artículo 9 del convenio tipo de doble imposición, que es el que se está firmando con todos los países, establece ya una cláusula antiabuso y permite, de hecho, dejar sin efecto operaciones vinculadas que se han inflado artificialmente. Ramsés Pérez Boga insiste, de hecho, en que "el Tribunal Supremo nos ha dado ya la razón en varias sentencias por el caso de abusos de multinacionales, por lo que convendría continuar con esa línea de trabajo".
Medios para las inspecciones
El problema fundamental es que para ello es necesario incrementar los controles y los inspectores carecen de medios suficientes. En España, al contrario de lo que sucede en otros países, como Francia o Alemania, donde no hay límites temporales, una inspección no puede durar más de un año y a menudo un sólo equipo tiene que enfrentarse con el control de más de una docena de grandes empresas en cada ejercicio, lo que supone dedicar a cada una de ellas, por término medio, 20 días, incluyendo el tiempo necesario para los trámites administrativos que conlleva la instrucción del expediente.
Al final, lo que ocurre con ello es que los equipos de inspección sólo comprueban dos años, en vez de los cuatro que habría que revisar, de acuerdo con el período legal de prescripción y las trampas son mucho más fáciles. Y no es algo que digan sólo los inspectores. De acuerdo con los datos de la OCDE, la escasez de medios en la administración tributaria española es, en efecto, alarmante. El número de ciudadanos por cada empleado de Hacienda es de 1.928 en España, frente a los 697 de Holanda, los 729 de Alemania, los 860 de Francia o los 862 de Reino Unido
Y algo parecido ocurre también en términos de gasto, ya que España aplica en la lucha contra el fraude fiscal un tercio de lo que aporta Francia y menos de la mitad que Alemania. Y en estos países, según los datos de la Unión Europea, el tamaño de la economía sumergida es sensiblemente menor.
