Economía.- El PSOE denuncia la intención del Gobierno de que la comisión de preferentes se limite a coordinar

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha denunciado este miércoles la intención del Gobierno de que la comisión de seguimiento de los arbitrajes sobre comercialización de participaciones preferentes se limite a coordinar los trabajos, en lugar de tener un papel activo en la definición del perfil de ahorrador que se considerará estafado y que, por tanto, tendrá derecho a recuperar su inversión.

Fuentes socialistas han explicado a Europa Press que el borrador del decreto ley en el que trabaja el Ministerio de Economía para dar formato legal a esta constitución descafeína el acuerdo que PP y PSOE alcanzaron el pasado mes de enero, y que de facto modifica completamente el espíritu de la comisión tal y como se había negociado.

Según dicho documento, al que ha tenido acceso EP, ante la comercialización "con malas prácticas" de productos financieros complejos como las participaciones preferentes o la deuda subordinada por parte de entidades controladas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) "se considera necesario articular un mecanismo de la más alta representación institucional que coordine e impulse los trabajos necesarios para hacer un seguimiento de determinadas incidencias".

"La Comisión hará un análisis de los factores generadores de las reclamaciones judiciales y extrajudiciales, así como del resultado de éstas, relativas a la comercialización de instrumentos híbridos por parte de entidades controladas por el FROB, realizando informes sobre su evolución que serán remitidos al Congreso," señala.

FUNCIONES DE LA COMISION

En concreto, el Ejecutivo pretende que las funciones de esta Comisión de Seguimiento de Instrumentos Híbridos sean analizar los factores que han motivado las reclamaciones, remitir al Congreso un informe trimestral sobre los aspectos fundamentales de estas quejas (cuantía, cauce elegido, lugar geográfico de la comercialización, sentido de la sentencia o el laudo, fundamento básico de la estimación o desestimación, entidad emisora, perfil del cliente, etc.) y, en su caso, elevar a la autoridad competente propuestas de mejora de la protección de los titulares de estos productos.

Además, se prevé que la comisión elabore, al mes de su constitución, un informe sobre las características básicas de la comercialización entre clientes minoristas de estos productos híbridos, los datos estadísticos más relevantes, el marco regulador y supervisor de la protección a los clientes minoristas y las reclamaciones presentadas y su resultado.

Y todo ello "con pleno respeto" a las competencias de supervisión financiera y protección de consumidores y usuarios que tengan otros organismos, y "sin injerencia alguna" en los procedimientos de arbitraje que se desarrollen, y que el Gobierno pretende activar para los afectados de Bankia la próxima semana.

EL ACUERDO ERA DISTINTO

Sin embargo, desde el PSOE recuerdan que el acuerdo suscrito con los 'populares' a finales de enero para desatascar este problema preveía que, más allá de informar al Congreso, la comisión tendría competencias en la comercialización de instrumentos híbridos de capital, en cuestiones financieras, en los procedimientos de arbitraje y en el control de los recursos públicos.

Además de recoger expresamente la previsión de que estas competencias se aplicaran sobre cualquier entidad que, en el futuro, reciba fondos públicos, el acuerdo también arrogaba a la comisión la función de fijar los criterios objetivos del perfil del inversor que sería considerado estafado para poder acogerse al arbitraje, así como supervisar todo el procedimiento.

Así las cosas, prácticamente lo único que no se modifica en el borrador con respecto al acuerdo inicial es la composición de la comisión, que estará presidida por la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, y contará entre sus miembros con el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy; con la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas; el secretario general del Tesoro, Iñigo Fernández de Mesa; y la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, Francisca Sauquillo.

Además, un secretario designado por la CNMV asistirá a la comisión con voz pero sin voto, lo mismo que los representantes designados por las autoridades de consumo autonómicas y del Instituto Nacional de Consumo que hayan participado o vayan a participar en los procedimientos de resolución de reclamaciones, que podrán asistir a la comisión al ser invitados. También se contará con la presencia de un representante designado por el FROB.

En el documento del Gobierno también se estipula que la comisión deberá quedar formalmente constituida en un plazo de diez días desde la entrada en vigor del decreto ley y se extinguirá "por decisión de la mayoría de sus miembros, una vez cumplidas sus funciones". Hasta entonces, deberá reunirse al menos trimestralmente o cuando la convoque la presidenta, y el funcionamiento de la comisión "no supondrá incremento alguno de gasto público" ni dará derecho a remuneraciones o dietas.

NO ACUDIR AL ARBITRAJE

Los socialistas ya expresaron la semana pasada su malestar por la tardanza del Gobierno en poner en marcha esta comisión, que consideran imprescindible para activar los arbitrajes y que los afectados puedan recuperar su dinero sin quitas.

Por ello, recomiendan a los titulares de preferentes no aceptar ningún arbitraje mientras no se constituya este órgano, y exigen además que se apliquen las mismas medidas a quienes ya han canjeado los híbridos por otros productos, como ha sucedido en Caixa Laietana, posibilidad a la que el ministro de Economía, Luis de Guindos, dejó la puerta abierta durante su comparecencia parlamentaria de esta martes.

El diputado socialista Antonio Hurtado ha apostado este miércoles por la emisión de deuda pública para solucionar esta situación, y ha defendido que solucionar este problema es fundamental para que la ciudadanía recupere la confianza en el sector bancario.

Según datos de la CNMV a partir de datos de la gestora de valores Iberclear que aporta el Gobierno, a fecha de 18 de enero aún quedaban en manos de pequeños ahorradores e inversores minoritarios unos 5.600 millones de euros en este tipo de títulos. Además, el Ejecutivo recuerda que en la reforma financiera aprobada en agosto ya se incluyeron medidas para evitar que esta situación se pueda repetir en el futuro.