El abogado del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, Nicolás González-Cuellar, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del 'caso Crucero', que acuerde que las entrevistas que mantiene en la cárcel con su cliente se efectúen sin mamparas de cristal que impidan la comunicación verbal directa y el intercambio de la documentación.
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La defensa del que fuera presidente de la patronal ha presentado este martes un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que argumenta que el manejo e intercambio de documentación con la defensa es esencial, máxime cuando se trata de delitos económicos y societarios como los investigados a Díaz Ferrán, quien se encuentra en prisión provisional bajo fianza desde el pasado 5 de diciembre.
Según explica, la existencia de una barrera física imposibilita "en grado superlativo" la efectividad del derecho fundamental de defensa, el cual "está siendo conculcado hasta el momento y continuará siéndolo si no se remedia". En caso de que persista la infracción, no descarta elevar este asunto al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
NO HAY RIESGO PARA LA SEGURIDAD EN EL CASO DE DÍAZ FERRÁN
El letrado y catedrático de Derecho Procesal aporta una sentencia del Tribunal de Estrasburgo para respaldar su petición, al tiempo que recuerda que la jurisprudencia comunitaria es "vinculante" para España, aunque haya sido "ignorada" en la práctica en lo que se refiere a las entrevistas entre abogados y presos preventivos.
Se hace eco así de la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en mayo de 2007 contra Moldavia, en la que se reconoce que el derecho de defensa "reclama que la entrevista entre el preso preventivo y su letrado pueda realizarse sin un cristal situado como barrera física entre ambos, como regla general que sólo puede ser objeto de excepción si lo aconsejan las circunstancias personales del interno para evitar riesgos para la seguridad".
En el caso de Díaz Ferrán, el abogado destaca que es "del todo evidente" que no concurre riesgo alguno para la seguridad y, en consecuencia, la regla general marcada por la jurisprudencia europea "debe ser de inmediato cumplida".
Por ello, pide al juez que ordene al director del centro penitenciario en el que se encuentra su representado -la cárcel de Soto del Real_que las entrevistas entre él y cualquiera de sus letrados se realicen "sin barreras físicas que se interpongan en la comunicación entre los interlocutores y el intercambio de documentación".
A lo largo de su escrito, González-Cuellar destaca que el derecho de defensa es "uno de los más primordiales de los derechos humanos" y repasa episodios históricos referidos a la Biblia o la Inquisición reconociendo este derecho. Hace alusión también a la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre su vulneración en la intervención de comunicaciones entre presos preventivos y abogados.
Esta petición ha sido cursada al juez del 'caso Crucero', en el que se investiga el supuesto vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para evitar el pago a sus acreedores. Velasco investiga si Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, que falleció en junio pasado, utilizaron las empresas de Ángel De Cabo para no pagar las deudas con los acreedores, que las mayoristas denunciantes cuantifican en 45 millones de euros.
