La Administración municipal cumplió el tope de déficit, pero con grandes desequilibrios internos. Los alcaldes que disfrutan de excedentes podrán dedicarlos a fines que no son amortizar deuda.
Sobre el papel, la Administración local se comportó el año pasado de manera modélica. Según los datos que Hacienda hizo públicos esta semana, su déficit conjunto quedó en el 0,2 por ciento del PIB, a una décima de distancia del tope que el Gobierno había impuesto. Ahora bien, si las cifras generales hablan casi de equilibrio, el análisis al detalle de los ayuntamientos muestra que "existe un desequilibrio" marcado entre los pequeños y los grandes, tal y como reconocen fuentes del ministerio que dirige Cristóbal Montoro. En otras palabras, el superávit de los segundos ha compensado el ahogo de los primeros y, de paso, han salvado el saldo general.
Hay más de 8.000 municipios en España y junto a la cantidad se da la variedad de situaciones contables. De hecho conviven los dos extremos: por un lado cinco de las seis ciudades que en España cuentan con más de 500.000 habitantes (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia) disfrutan incluso de excedente positivo en su balances, por otro, existe un gran número de los pequeños y los medianos que soportan altos déficit, según explican desde Hacienda.
El informe sobre el cierre presupuestario de 2012, conocido esta semana, no ofrece más que los resultados finales, no entra en detalles sobre cómo han evolucionado los ingresos y los gastos por cada una de las Administraciones y ni mucho menos se ocupa de los entresijos de una maraña tan prolija como la que compone la Administración local. Por tanto, no ofrece información que permita distinguir cuáles son los municipios que se encuentran en peor situación.
Ahora bien, del análisis de los datos publicados sí puede deducirse que al Gobierno le ha venido bien, con desequilibrios internos o sin ellos, el buen resultado de la Administración local. Su respeto a los topes de déficit, junto al que también demostró el Estado central, ha contribuido a compensar en parte la desviación de las comunidades autónomas y también la propia de la Seguridad Social.
Como resultado, los números rojos del conjunto de las Administraciones quedó en el 6,74 por ciento del PIB, tal y como orgullosamente adelantó el presidente Mariano Rajoy en el Congreso, un día antes de que se conociera el cálculo oficialmente.
A modo de agradecimiento
Con este resultado sobre la mesa, el Ejecutivo parece dispuesto a premiar a los alcaldes por la parte que les ha tocado. Por ello, desde Hacienda, dan por hecho que se les dará margen a los regidores que han presentado superávit en sus cuentas, de modo que utilicen ese excedente para fines que no sean exclusivamente amortizar deuda.
Ése es el objetivo principal al que hay que dedicar los excedentes de recursos, cuando los ingresos superan a los gastos, de acuerdo con lo que ordena la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
La interpretación al pie de la letra de esta norma limita en gran medida la actuación política, precisamente, de los más cumplidores con las exigencias de austeridad que vienen dictadas desde La Moncloa. Por ello, ya durante la negociación de los Presupuestos Generales de este año, los populares introdujeron una enmienda que suavizaba la aplicación de la ley.
Comisión inminente
Ahora, además, cabe la posibilidad de dar un paso más, dado que, en poco tiempo, se convocará a la Comisión Nacional de la Administración Local para que queden delimitados los fines concretos a los que podrán destinarse los superávit presupuestarios. Desde Hacienda aseguraron que la reunión del citado organismo se producirá en cuestión de días.
Y no acaban aquí los guiños que el Ejecutivo ha querido hacer a los regidores. Tal y como Montoro se comprometió a principios de año, ante los alcaldes de las principales ciudades andaluzas, éste va a ser el año en el que se va a abordar el espinoso asunto de la financiación municipal. La reforma de la Administración Local ha echado a andar sin ocuparse de este asunto, lo que provocó recelos en los primeros ediles, tanto del PSOE como del PP.
Estos últimos defendían que de poco sirve la delimitación de competencias que propugna la citada reforma si no se concretan los recursos de que dispone cada Administración. En consecuencia el Gobierno ha prometido abordar conjuntamente la financiación de las comunidades autónomas y la municipal.
La reforma de la administración local podría costar 115.000 empleos
