El hombre tropieza tres veces sobre la misma piedra y parece que a los políticos estadounidenses les gusta retar al destino. En poco más de 24 horas, Estados Unidos dará el pistoletazo de salida a un recorte automático de gasto que pretende reducir el déficit presupuestario del país en aproximadamente 1,2 billones de dólares durante la próxima década.
Un objetivo brillante, especialmente a ojos del Viejo Continente, donde la austeridad hace acto de presencia desde hace ya varios años. Sin embargo, el conocido como "secuestro" aplicará un revulsivo que amenaza con indigestar la recuperación de la mayor economía del mundo, ya que se perfila como un ajuste abrupto y desordenado. Sin una hoja de ruta clara, que realmente sepa que áreas y programas deberían sufrir un recorte de presupuesto, este evento se perfila como el primer capítulo de un drama que podría acabar en tragedia.
"El secuestro aventura un resultado desfavorable para ambos partidos políticos", reconoce el economista Nouriel Roubini. "Los demócratas tratan de evitar un fuerte reducción del gasto discrecional y reemplazar los recortes automáticos con algunos aumentos de ingresos, ya que sólo consiguieron impulsar una parte de su agenda tributaria en el minitrato sobre el abismo fiscal", añade.
Posiciones bien diferenciadas
Por su parte, los republicanos quieren evitar los recortes de presupuesto para el Departamento de Defensa, una de las mayores áreas afectadas por la falta de acuerdos en el Capitolio y serán reacios a discutir sobre una subida de impuestos después de haber dado su brazo a torcer a comienzos de 2013. Es por ello que presionan a la Administración Obama y a los demócratas a que cedan a importantes recortes en los conocidos como entitlements, es decir, programas sanitarios, pensiones y Seguridad Social.
Una vez más, el bloqueo político en Washington vuelve a ser el obstáculo principal de una recuperación inestable. De hecho, ayer el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, volvía a incidir sobre el tema durante su declaración semianual en el Congreso. "La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que las políticas actuales de reducción de déficit desacelerarán el ritmo de crecimiento del PIB real entre medio o un punto porcentual este año, con relación a lo que hubiera sido de otra manera" aseguró.
Bernanke dejó claro que un plan de recorte brusco, como el que entrará en vigor a partir de mañana, podría tener efectos adversos en el empleo y los ingresos de los consumidores, por lo que se ralentizaría la recuperación, algo que podría conducir "a una reducción del déficit mucho menor a la esperada a corto plazo", explicó.
Mientras el Capitolio aplica una camisa de fuerza sobre la economía del país, tanto Wall Street como los expertos a este lado del Atlántico optan por no perder la compostura. Al fin y al cabo, la radiografía macroeconómica del país muestra cierta sostenibilidad, especialmente dentro del sector inmobiliario.
Precisamente ayer conocíamos cómo los contratos para comprar casas usadas en EEUU subían un 4,5 por ciento el pasado mes de enero, hasta situar al índice de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios en los 105,9 puntos, su mayor incremento desde abril de 2010. Mientras tanto, las ventas de casas nuevas subieron el mes pasado hasta su mayor nivel en cuatro años y el coste de la vivienda registraba en 2012 su mayor subida desde 2006. Con estos datos sobre la mesa, el sector inmobiliario se postula ya como uno de los principales generadores de empleo, pisando los talones al sector manufacturero.
Además, también hay que tener en cuenta que los recortes de gasto que se activarán el viernes se introducirán gradualmente durante las próximas semanas, y tendrían un valor aproximado este año de 85.000 millones de dólares, por lo que el impacto del secuestro no es inmediato. Aún así, sobre el papel, el gobierno federal se quedará sin fondos el próximo 27 de marzo, cuando deberá echar el cierre a algunas de sus operaciones para conseguir la financiación de otras actividades esenciales. De ahí que muchas agencias del Gobierno, como el Departamento de Defensa, uno de los más afectados en este asunto, hayan planeado ya ciertos programas de contingencia.
Tampoco hay que pasar por alto para explicar por qué ni los legisladores ni los inversores viven una situación de pánico, las primeras advertencias de las agencias de calificación. Fitch Ratings determinó ayer que la implementación de recortes de gastos automáticos en el Gobierno de EEUU, junto a una paralización de servicios gubernamentales, no implicaría una rebaja en las calificaciones crediticias.
Sin embargo, las reducciones de gastos y el congelamiento de ciertos servicios estatales "desgastará aún más la confianza en que se llegue pronto a un acuerdo sobre medidas adicionales de disminución del déficit necesarias para lograr la calificación de 'AAA'", advirtió la firma. Recordemos que sólo Standard & Poor´s arrebató su máxima calificación a la deuda soberana del país.
A la espera de los acontecimientos, el presidente de EEUU, Barack Obama, y los líderes republicanos y demócratas en el Congreso se reunirán mañana en la Casa Blanca en un último intento por evitar la activación del secuestro. "Cuanto más se prolonguen esos recortes, mayor será el daño", alertó Obama a comienzos de semana al rechazar el plan de los republicanos, que pretenden dejarlos en pie y dar más flexibilidad al Gobierno para decidir dónde y cómo aplicarlos.
Futuro incierto
El consenso asume ya que, pese a los esfuerzos de última hora, ni la Casa Blanca ni el Congreso lograrán evitar la entrada en vigor de los recortes automáticos de gasto. Es por ello que lo importante en estos momentos es determinar los posibles escenarios que podrían ocurrir a partir de ahora. Como se indicaba previamente, los recortes no se aplicarán de forma inmediata, por lo que los legisladores todavía cuentan con un margen de maniobra para evitar males mayores.
Desde la consultora Roubini Global Economics (RGE, por sus siglas en inglés) esbozan cuatro posibles escenarios que podrían desarrollarse en el Capitolio durante las próximas semanas. El primero de ellos asume que los recortes de gastos que implica el secuestro, 85.000 millones de dólares este año, permanecerá vigentes durante el resto de 2013.
En este contexto veremos cómo el tira y afloja entre ambos partidos políticos sigue su curso. Los republicanos, tras los importantes recortes en los gastos de defensa, podrían presionar a los demócratas para llevar a cabo una reforma de los entitlements, mientras que los demócratas podrían evitar este hecho al justificar que existe espacio suficiente para aumentar los impuestos, especialmente a las millonarios y las petroleras.
Otro posible resultado implicaría que ambas partes pudieran ponerse de acuerdo y ratificar el borrador del plan que fue negociado a finales de 2012. En el mismo, los demócratas acordarían sustituir el secuestro con recortes de gastos de 1 billón dólares durante la próxima década y los republicanos aceptarían subidas de impuestos por valor de 350.000 millones de dólares. A dicha cifra habría que añadir los 650.000 millones de dólares en ingresos ya aprobados como parte del mini acuerdo alcanzado para evitar el abismo fiscal en los primeros compases de 2013.
Otra posible solución es que los legisladores frenen el secuestro, disminuyendo la cantidad de recortes desde 1,2 billones hasta 600.000 millones de dólares durante la próxima década, es decir, el tijeretazo del presupuesto sería similar al aumento de los ingresos acordados para evitar el abismo fiscal. Al mismo tiempo, se podría crear una comisión bipartidista dedicada a encontrar fórmulas para lograr una reducción del déficit que alcance el total de 1,2 billones de dólares.
Por último, otra circunstancia podría implicar que los dos partidos acuerden cancelar completamente la entrada en vigor del secuestro en 2013, algo que permitiría en cierta forma ganar tiempo para encontrar medidas que reduzcan el déficit presupuestario a este lado del Atlántico en 1,2 billones de dólares durante los próximos diez años.
Hay que reconocer que este escenario es poco probable, ya que los demócratas deberían estar dispuestos a poner una reforma significativa de las prestaciones sociales, sanidad y pensiones sobre la mesa.
Obama advierte del riesgo de los recortes
