
Un mes después de paralizar su aplicación en Cataluña, el Tribunal Constitucional ha acordado suspender temporalmente el impuesto sobre los depósitos bancarios que decidió aplicar el Gobierno asturiano en los presupuestos de este año.
El Ejecutivo central presentó el pasado 1 de febrero un recurso de inconstitucionalidad contra esta tasa y finalmente el Alto Tribunal lo ha admitido a trámite, tal y como sucedió con el aprobado por la Generalitat catalana. La Moncloa considera que las comunidades autónomas no disponen de esta capacidad.
Hasta julio
De esta forma, la suspensión anunciada hoy se mantendrá vigente entre el 1 de febrero y el 1 de julio, fecha a partir de la cual el Constitucional deberá renovar la suspensión o levantarla, han informado a Efe fuentes de este tribunal.
El acuerdo adoptado por la sección cuarta del Constitucional será trasladado ahora al presidente del Gobierno asturiano, Javier Fernández, y a la Junta General del Principado para que en un plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.
En el caso catalán, el Constitucional suspendió el impuesto a la banca el pasado 16 de enero, truncando los planes de Artur Mas de poner en marcha un impuesto sobre los depósitos bancarios con el que esperaba ingresar 500 millones de euros al año.
El tope del Gobierno
Sin embargo, el Gobierno entró en escena con la aprobación de una norma por la que establece su propia capacidad para fijar un impuesto a los depósitos y considera que no tiene sentido que las autonomía establecieran un impuesto distinto. La triquiñuela de Hacienda para evitar la tasa a la banca de las CCAA.
Así, el Ejecutivo central considera que ninguna comunidad autónoma puede legislar sobre ese punto dado que el Estado se ha reservado el hecho imponible del impuesto sobre depósitos bancarios. Cuando se grava el mismo hecho imponible siempre prevalece el impuesto estatal sobre el autonómico, si bien el Estado está obligado a compensar -en virtud de la ley de financiación autonómica- a las regiones que lo tuvieran ya implantado, como era el caso de Andalucía, Canarias y Extremadura.
Cataluña y Asturias lo implantaron después de que el Gobierno anunciara la creación del impuesto estatal a partir del día 1 de enero, que en un principio se mantendrá a tipo cero. Tras ese anuncio, Asturias decidió adelantar la aplicación de su impuesto a los últimos días de diciembre e incluir su creación en la Ley de Presupuestos del Principado para 2013.