Silencio. Esa fue la exigencia que el Gobierno trasladó a la industria alimentaria antes de las últimas elecciones generales para evitar declaraciones en el mercado que pudieran no sólo acelerar la subida de los precios, sino perjudicar, sobre todo, los intereses del PSOE en plena precampaña. El mensaje lo trasladó la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, en una reunión con la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab), según han confirmado fuentes de la patronal.
"Nosotros atendimos la petición y trasladamos el mensaje a nuestras empresas y asociaciones el pasado mes de noviembre mediante una circular", explica la federación, que insiste además en que el acuerdo se tomó por unanimidad en una reunión de su junta directiva.
Un pacto
La patronal señala que "entendimos la petición del Gobierno, porque seguir haciendo declaraciones sobre los precios no servía para nada, pero a cambio les pedimos que se dejara de culpabilizar a la industria de las últimas subidas del precio de los alimentos".
Aunque la Federación de Industria de Alimentación y Bebidas no lo menciona expresamente, poco antes se había iniciado una investigación por parte de la Comisión Nacional de la Competencia para esclarecer si había algún tipo de pacto, y el presidente de este organismo, Luis Berenguer, ya se había pronunciado públicamente en más de una ocasión advirtiendo de las consecuencias de saltarse la legislación.
Advertencias
La petición del Gobierno se produjo apenas unas semanas después también de que Jorge Jordana, secretario general de Fiab, advirtiera en rueda de prensa de que España no se enfrentaba a un chaparrón con la subida del precio de los alimentos, "sino a un auténtico tsunami".
Tras señalar que "los alimentos pueden seguir subiendo, al menos siempre que el petróleo, como es el caso, supere los 70 dólares por barril", reclamó al Gobierno que presionara a la Comisión Europea para que tomara medidas, liberalizara las cuotas de producción y permitiera el uso de alimentos transgénicos y la energía nuclear.
Daño electoral
Al Gobierno no le gustaron nada ese tipo de declaraciones en plena precampaña electoral y con la inflación convertida en caballo de batalla con el Partido Popular, por lo que decidió tomar cartas en el asunto de forma inmediata.
Ahora, algunas fuentes van incluso más allá e insisten en que en los últimos meses destacados miembros del Ejecutivo han pedido personalmente a las grandes empresas alimentarias españolas contención con los precios.
Una práctica acticompetitiva
De haber seguido su recomendación, es probable que sí que se hubiera incurrido en una práctica anticompetitiva al no tener en cuenta las leyes de la oferta y la demanda.
No obstante, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas mantiene que nunca ha habido una petición oficial del Ejecutivo en este sentido, que se ha limitado ha pedir discreción con el tema de la inflación "para no politizar las subidas del precio de los alimentos". El Ministerio de Agricultura declinó ayer, por su parte, hacer ningún tipo de declaración al respecto, alegando que "a nosotros no nos corresponde hablar de precios".
Desde la petición del Gobierno hace ya cinco meses, apenas ha habido declaraciones por parte de la industria alimentaria. Aunque ahora la situación puede cambiar radicalmente después del expediente abierto por Competencia tras detectar indicios de que se podría haber vulnerado la ley.
Fiab no está dispuesta a convertirse en el "chivo expiatorio" del Gobierno, al que ha acusado ya de intervenir directamente en el organismo de defensa de la competencia, "como había hecho antes con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)".
Reprobación
En una entrevista con elEconomista el pasado sábado, Jorge Jordana señalaba ya que una vez que el expediente se cierre sin pruebas -la única que hay hasta ahora es una nota de prensa de junio de 2007 que advertía sobre el problema de los precios-, la patronal de la industria de la alimentación pedirá en el Congreso de los Diputados la reprobación de Luis Berenguer como presidente de la Comisión Nacional de la Competencia.
Fiab considera que Berenguer ha vulnerado derechos constitucionales básicos, saltándose la presunción de inocencia. Lo más curioso es que Fiab no ha sido la única en advertir en los últimos meses sobre la subida de los precios.
Según el informe oficial del Gobierno sobre coyuntura económica, de febrero de este mismo año, "los precios percibidos por los agricultores anticipaban desde hace meses la aceleración de los precios de consumo finales".
Y es más, se insiste en que "desde octubre se ha venido observando un repunte en los precios de algunos productos, como la carne de ave y los huevos, y la continuación de los elevados ritmos anuales de crecimiento en legumbres y fruta".
Es una advertencia similar a la de la nota de prensa de Fiab que le ha costado un expediente y, quizás, dentro de 18 meses una dura sanción.
