Economía

Los fondos de la termosolar llevarán a España a un arbitraje internacional

El ministro Margallo

RREFF, el fondo de Deutsche, Antin y Eiser preparan la carta de controversia por el recorte. Grandes empresas com Mitsui, Mitsubishi o EDP se plantean abrir su propio frente legal.

Se avecinan serios problemas legales para el Gobierno. Los grandes fondos de inversión internacionales RREEF, Antin y Eiser, con intereses en el sector de la termosolar, han iniciado los trámites para llevar al Reino de España a un arbitraje internacional, como consecuencia de las tasas de la reforma energética, la retirada retribución a consumo de gas, la expulsión del mercado de las renovables y el cambio en la actualización del IPC.

El litigio, para el que ha contratado a Allen & Overy, abrirá un enfrentamiento directo con los países de donde proceden estos fondos. En concreto, RREEF es la mayor gestora de infraestructuras de Deustche Bank, la primera entidad financiera de Alemania, mientras que Antin tiene su sede en París y Eiser cuenta con fuertes influencias en Londres. A este grupo se podrían sumar otros seis fondos.

Fuentes cercanas al proceso explicaron a elEconomista que estas entidades están preparando ya una carta para el Gobierno donde se avisa de la intención de acudir a un arbitraje internacional, que podrá interponerse ante el Ciadi, dependiente del Banco Mundial, o ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo. No obstante, estos fondos no quisieron hacer ningún comentario al respecto.

Una vez que se envíe esta misiva, comienza un plazo de tres meses en el que se intenta llegar a un acuerdo negociado. Una vez haya expirado este periodo, los inversores podrán formalizar el arbitraje para que el conflicto se resuelva a través de un laudo.

Pero los enfrentamientos no se limitarán a estos fondos. Algunas grandes corporaciones como Rhein, Mitsui, Mitsubishi están negociando con estas entidades si acuden conjuntamente al litigio con el fin de compartir gastos o si van por su cuenta. No obstante, algunos expertos consideran que previsiblemente estos grupos iniciarán un arbitraje paralelo porque tienen diferentes intereses.

Estos fondos se acogerán a la Carta sobre el Tratado de la Energía para defenderse en este litigio, ya que a su juicio se vulnera el artículo 10 de este tratado, que obliga a los Estados firmantes a conceder a los inversores extranjeros un trato justo y equitativo. También aluden a una vulneración del artículo 13, ya que consideran que los cambios regulatorios de los últimos meses suponen una expropiación sin que haya mediado una compensación justa.

El sector termosolar calcula que la reforma energética junto con las medidas de indexación y de eliminación de la opción de mercado más prima del Real Decreto aprobadas este mes derivarán en una reducción del orden de un 37 por ciento de la facturación de las centrales termosolares, lo que en números redondos supone un efecto negativo de unos 550 millones en 2013.

Este último paso ha sido la gota que ha colmado el vaso, ya que el decreto aprobado este mes ha provocado una fuerte caída en bolsa de las empresas de renovables. Por ello, la patronal Protermosolar ha mantenido un encuentro esta misma semana con miembros del Ministerio de Industria para trasladar al Gobierno la preocupación por estas medidas y advertir de las consecuencias de las mismas.

Conflicto internacional

Sin duda, este tipo de medidas están derivando en un conflicto internacional y han provocado un gran malestar en las embajadas de Estados Unidos, Alemania o Arabia Saudí, tal como han puesto de manifiesto en algunas de las misivas enviadadas a distintos miembros del Gobierno.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, finalizó ayer mismo una visita oficial a Japón, donde ha recibido las quejas de inversores como Mitsui y Mitsubishi, con presencia en plantas en España.

Estos grupos consideran que el recorrido legal para defender las inversiones realizadas es muy amplio. El catálogo de vulneraciones de estos recortes se centraría en el derecho fundamental a la igualdad, recogido en el artículo 14 de la Constitución, a los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad y equitativa distribución de la carga tributaria que deben regir la ordenación y aplicación del sistema tributario.

También denuncian que se quiebra el principio de confianza legítima y de buena fe en las relaciones con la Administración que exige amparar las legítimas expectativas de quienes han ajustado su conducta económica a una norma frente a cambios inesperados; el principio de seguridad jurídica, entre otros motivos por la ausencia de justificación y previsibilidad de la medida; el principio de no retroactividad y el de rentabilidad razonable.

Por otro lado, el recorte de las primas en España fue protagonista en la feria eólica mundial (EWEA), que se celebró en Viena.

Precisamente, en este evento el secretario de Estado de Energía de Portugal, Artur Trindade, quiso poner terreno de por medio y dejar claro que "nosotros no somos España" y "Portugal cumple con lo que promete a los inversores", tal y como recordaron la pasada semana las patronales de renovables en su comparecencia para denunciar los últimos recortes aprobados por el Ejecutivo.

En verano ya habrá un laudo

Por otro lado, cabe recordar que ya está en marcha un arbitraje internacional por los recortes a la fotovoltaica emprendido por catorce fondos de inversión. El laudo de este litigio podría conocerse ya este verano según algunos expertos, que consideran que el Gobierno tendrá que recular en los recortes aplicados a esta tecnología. Además, consideran que este litigio sentará las bases para futuros enfrentamientos judiciales.

Además de los arbitrajes internacionales -que se pueden iniciar de forma inmediata sea cual sea el rango de la norma-, también se activarán otros mecanismo legales en España, aunque con más impedimentos por tratarse de un Real Decreto Ley, que sólo puede ser recurrido por el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados o 50 senadores, las asambleas legislativas y los gobiernos de las comunidades autónomas.

En consecuencia, las compañías tan sólo pueden recurrir la aplicación de las medidas y sólo sirve de referencia las liquidaciones definitivas de la Comisión Nacional de la Energía, que no serán publicadas hasta marzo de 2014, lo que limita mucho la reacción de los afectados por los recortes. No obstante, las patronales de renovables de las diferentes tecnologías están tratando de movilizar a los gobiernos de algunas comunidades autónomas para que impugnen la inconstitucionalidad de los cambios regulatorios y han presentado ya diversas reclamaciones patrimoniales ante el Ministerio de Industria.

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