Bruselas, 19 jul (EFECOM).- La Comisión Europea (CE) archivó hoy el procedimiento de infracción contra España sobre la "acción de oro" en la privatización de empresas estatales, a la luz de las medidas adoptadas tras el fallo contrario del Tribunal de Justicia de la UE.
El 13 de mayo pasado, el Tribunal consideró que la legislación española era incompatible con las disposiciones del Tratado en lo relativo al libre movimiento de capitales.
El 26 de mayo, el Parlamento español aprobó una ley por la que eliminó las restricciones a la libre circulación de capitales y a la libertad de establecimiento creadas por la Ley de privatización de 1995.
La CE decidió archivar el procedimiento de infracción tras constatar "la notificación por España de las medidas tomadas el 26 de mayo para cumplir con la sentencia del Tribunal", señaló un comunicado.
La decisión de los jueces de la UE se refería a ciertas disposiciones de la ley de privatización de 1995 sobre las empresas Repsol, Telefónica, Argentaria, Tabacalera y Endesa, en la medida en que implicaban un sistema de autorización previa.
Los jueces comunitarios no aceptaron que, en Tabacalera y el grupo bancario Argentaria, "la legislación pudiera estar justificada por razones de interés general asociadas a necesidades estratégicas".
Sobre la petrolera Repsol, la eléctrica Endesa y Telefónica, el Tribunal reconoció que "los obstáculos a la libre circulación de capitales podrían estar justificados por motivos de seguridad pública", como puede ser el abastecimiento.
Sin embargo, la sentencia consideró que "no se había cumplido el principio de proporcionalidad".
Asimismo, el Tribunal señaló que pese a que el régimen estaba previsto para un periodo de 10 años, ello no impedía que pudiera constituir una infracción.
Aunque España corrigió la ley en diciembre de 2003, la CE consideró que el cambio no cumplía plenamente la sentencia del Tribunal, por lo que en julio de 2005 envió a las autoridades españolas un dictamen motivado (paso previo a la denuncia ante la Justicia) para que adaptara completamente la ley a las exigencias comunitarias.
El 26 de mayo pasado, el Parlamento español aprobó la ley que eliminó las restricciones a la libre circulación de capitales y a la libertad de establecimiento creadas por la ley de privatización de 1995, lo que ha llevado a la CE a archivar el caso. EFECOM
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